La Comisión Mixta de Hostelería y Restauración de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE) y de la Cámara de Comercio de Madrid solicitan a la Comunidad de Madrid que la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) incluya la regulación de la categoría 'macroeventos' y que se adecue el régimen sancionador a las pymes.
CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid también han propuesto al Gobierno regional que se modifique el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones, en lo que afecta al ámbito de las actividades de hostelería y su relación con el comercio.
En este sentido, los empresarios del sector han considerado "necesario simplificar y flexibilizar los requisitos técnicos que deben cumplir cada uno de los servicios establecidos, de tal manera que los propios establecimientos puedan ofrecer tantos servicios como les sea permitida su capacidad técnica y actividad económica".
Además, han apuntado la necesidad de que los establecimientos, actualmente en funcionamiento o con licencias solicitadas y pendientes de resolver, puedan ajustar su actividad a los nuevos servicios siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente para cada uno de ellos. También han solicitado que el cambio de la actividad ya autorizada a otra con iguales requisitos técnicos en un mismo establecimiento, se pueda realizar por la certificación del técnico competente.
Asimismo, CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid han reclamado que se estudie la posibilidad de dar una mayor flexibilidad en los horarios, tal y como se ha hecho con el sector del comercio en la región. La propia dinámica empresarial y los servicios que demandan los ciudadanos están en constante evolución, por lo que estas entidades consideran necesario disponer de un marco normativo que posibilite que la creación y el desarrollo de las actividades empresariales y los servicios que demanda la sociedad sean coincidentes.
Para los empresarios del sector, la actual normativa se ha convertido en un freno a la evolución de la actividad económica de la hostelería, que limita la oferta de servicios y productos que las empresas pueden desarrollar en sus establecimientos.