Hace ya mucho tiempo, siendo presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, se venía denunciando la sistemática sequía a la que tenían condenada a Madrid por costumbre los gobiernos centrales; de negar el pan y la sal a nuestra Comunidad mientras se regalan los dineros de los impuestos madrileños a otras comunidades más endeudadas, y, por qué no decirlo, mucho más abusonas.
Los últimos datos recogidos en el debate del Estado de la Región vertidos por el actual presidente, González, siguen la misma dirección de queja: "Estamos ante una situación discriminatoria, los madrileños hemos ahorrado 5.700 millones en estos años, equivalente a un 33 por ciento del presupuesto de este año, de 17.000, mientras que el de Cataluña o Andalucía nos dobla (en presupuesto).
"El potencial de Madrid está lastrado por un sistema de financiación perverso, un modelo injusto y absurdo que castiga a Madrid sistemáticamente, que cuanto más recauda menos recibe, en favor de Cataluña o Andalucía".
"Recibimos el 17 por ciento de los ingresos de más de 60.000 millones... Cuanto mejor va Madrid, menos recibe. Y aportamos el 73 por ciento del Fondo de Solidaridad".
"Una de cada tres empresas que se crean en España lo hace en Madrid.
Es la solidaridad mal entendida, que parece que premie el despilfarro autonómico de quienes más gastan, permitiendo este mal reparto de bienes, haciendo oídos sordos al esfuerzo de nuestra región y los madrileños.
Y a mí se me plantean algunas cuestiones sin resolver a este respecto:
¿Este es un sistema justo de reparto? ¿Y justo para quién? ¿No debería haber un control del Gobierno más exigente y exhaustivo para ver dónde gastan un dinero que no tienen esas comunidades, que viven sin control y endeudadas, a costa de la retribución de otros? Es más, ¿no sería lo sensato premiar a quien más se esfuerza, y castigar cortando el grifo a quien más gasta y menos ahorra, como ocurre con varias comunidades despilfarradoras, que además son las que más pecho sacan a la hora de pedir y exigir, sin limite ni rubor, al conjunto nacional? ¿Hasta cuándo el Ejecutivo va a permitir que los sufridos madrileños tengan que costear los excesos de otros, recortando hasta mínimos los recursos propios?
¿Cómo puede permitirse y costearse que tengamos comunidades autónomas deficitarias que gasten sin medida, como Cataluña? ¿Y qué autonomía es capaz de asumir económicamente el gasto de ser el 26 por ciento de esa población empleados públicos, con un paro de más del 33 por ciento, como ocurre en Extremadura? ¿Quién debe pagar esa fiesta?
Creo que ya sería tiempo de aplicar el sentido común y hacer la lectura pertinente a este dislate en el que han convertido las comunidades autónomas. Apliquémonos la parábola de la cigarra y la hormiga; que "cada palo aguante su vela" y dejar definitivamente de lastrar a Madrid en detrimento de sus ciudadanos y necesidades, que no son tener embajadas de madrileños por el mundo, precisamente.
Esta solidaridad muy mal entendida es en realidad una discriminación total contra Madrid, que pone de relieve el fracaso del sistema de comunidades autónomas, que de autónomas solo les queda su denominación.