El Ejecutivo autonómico considera que el texto legal supone una "extralimitación del Estado a la hora de dictar las bases en esta materia". Además, la Administración Regional defiende que esta ley impide que la Comunidad de Madrid pueda establecer ni siquiera mínimamente su legislación de desarrollo.
Régimen monopolista
Respecto al régimen monopolista que la comunidad autónoma advierte en la Ley, en el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional se argumenta que el precepto impugnado "impide sostener la actividad empresarial en libertad, en la medida que no permite concurrir en igualdad de condiciones a todas las empresas distribuidoras para obtener autorización de construcción o explotación".
A este respecto, Madrid entiende que, dado que el distribuidor de la zona en Madrid es Gas Natural, "es clara la pretensión del Gobierno Central de consolidar y mantener una situación de monopolio de facto a favor de ésta empresa, restringiendo los derechos a la libre concurrencia y la libertad de iniciativa empresarial".