El abogado Ricardo Ayala, que defiende a los vecinos, señaló que las diferentes denuncias por ruidos interpuestas desde 1999 se fundamentan en que el dueño y los inquilinos de la casa vulneraron con su actuación los derechos fundamentales de sus vecinos, como el derecho a su integridad física o el de una vivienda digna.
En concreto, la Sección Veinte de la Audiencia madrileña acordó privar por un mes a los denunciados del disfrute del inmueble y anula parcialmente la sentencia del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, que desestimó la demanda formulada por los vecinos del bloque.
Sobre esta cuestión, el letrado reseñó que la medida acordada ha sido "una tarjeta amarilla" para el dueño y los inquilinos, ya que se podría ordenar el cierre del piso durante dos años si continúan con su actividad ilícita.