La Comunidad construirá 45.000 viviendas protegidas para alquilar

La construcción de 45.000 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler a unos precios "asequibles" y en un tiempo máximo de 10 años será una de las prioridades de la Consejería de Vivienda durante esta legislatura. Así lo explicó este lunes la consejera, Ana Isabel Mariño, durante la Comisión de Vivienda de la VIII Legislatura celebrada en la Asamblea.


La consejera señaló que el fomento del alquiler "cobra importancia capital" en esta legislatura por lo que el Gobierno regional pondrá en activo un plan que contempla la construcción de 45.000 viviendas de protección en régimen de alquiler a unos precios "asequibles" y en un tiempo máximo de 10 años. "De esta manera favoreceremos la rotación de los inquilinos, ya que, una vez transcurrido este plazo, los ocupantes tendrán preferencia para la adquisición de vivienda protegida", agregó.

Además, especificó que la Comunidad está implementado "un seguro de impago de las rentas de alquiler para avalar a los inquilinos" adscritos al programa de arrendamiento, fórmula con la que, según Mariño, "se ofrece seguridad jurídica al promotor y se evita que los arrendatarios tengan que acordar una garantía bancaria que les produciría un incremento de gastos".

Entre los proyectos de la Consejería se encuentran, además, la rehabilitación de inmuebles antiguos o en mal estado, el acceso a la primera vivienda y la erradicación del chabolismo serán las líneas maestras de la política que la Comunidad llevará a cabo en materia de vivienda a lo largo de los próximos cuatro años. Asimismo, Mariño anunció que antes de que concluya el año el Gobierno regional habrá erradicado completamente el poblado chabolista de El Salobral.

A lo largo de su comparecencia, la responsable autonómica desglosó punto por punto el programa que pretende acometer durante este mandato haciendo especial hincapié en el plan de Vivienda Joven con el que se intentará construir un parque total de hasta 150.000 casas, lo que supone un 50 por ciento más que las comprometidas en la pasada legislatura.

Evitar fraudes
Mariño también detalló que el Ejecutivo autonómico pretende instrumentar mecanismos de vigilancia "para evitar fraudes y garantizar que la vivienda cumpla con el fin social con el que se ha habilitado" y apuntó que, en materia de rehabilitación, al Consejería actuará sobre aquellos edificios que estén degradados para así conseguir "mejorar la estética del parque de viviendas regional".

En este sentido, aseveró que el Gobierno de Esperanza Aguirre aplicará la Ley de Medidas Urgentes de Modernización de la Administración para tratar de eliminar los 'graffitis' de las paredes de los inmuebles de las distintas localidades de la región, al tiempo que abogó por la participación de la iniciativa privada y de la sociedad civil para llevar a cabo los proyectos de rehabilitación.

La consejera recordó que el Ejecutivo regional incrementará las ayudas económicas para rehabilitación hasta los 9.000 euros para las familias que precisen mejorar el estado de sus casas y mantendrá un aporte económico de hasta un 70 por ciento para la instalación de ascensores en viviendas antiguas, proyectos que cuentan con un presupuesto de 240 millones de euros y que beneficiarán a 35.000 familias.

Críticas de la oposición
Tras la intervención de Mariño, el portavoz de IU en la Comisión de Vivienda, Gregorio Gordo, acusó a la consejera de realizar un discurso que no se ajusta a la realidad, afirmó que si la Comunidad de Madrid es la región que más viviendas protegidas construye es debido a los municipios de la izquierda y advirtió de que al PP, para solucionar el problema del acceso a la vivienda, "sólo se le ha ocurrido elaborar una Ley que limita a tres alturas más ático las nuevas edificaciones". "El PP antepone el negocio económico a las necesidades sociales de los ciudadanos", apostilló.

Gordo aprovechó su intervención para proponer algunas medidas en materia de vivienda, entre las que subrayó el desarrollo de un Plan regional del Suelo y la reserva del 50 por ciento del terreno de los nuevos desarrollos para la construcción de pisos protegidos.

Mientras, el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo discrepó de algunos de los planteamientos presentados por Mariño y puntualizó que sin políticas de Suelo "no es posible construir vivienda protegida", al tiempo que preguntó al Gobierno regional sobre qué suelo pretende construir las 150.000 viviendas del Plan de alquiler.