Además de la "expulsión", fijada para el próximo 14 de septiembre, el PSOE aseguró que Folgado obliga a los partidos de la oposición a acomodarse en un local "totalmente inapropiado y que ni siquiera figura como patrimonio del Ayuntamiento". "No sólo constituye un insulto, un atropello y un oprobio para todos los tricantinos con sensibilidad democrática, sino que vulnera la legalidad en varios puntos", advirtieron desde el PSOE, tras lo que apuntaron que, según el Reglamento de Organización de la Entidades Locales aprobado por real decreto 2568/1986 del 28 de noviembre, "los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la entidad local de un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y la corporación local pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales y personales".
Asimismo, señalaron que "mientras expulsa a toda la oposición por presunta falta de espacio en el Ayuntamiento, Folgado encuentra fácilmente acomodo en ese mismo edificio para 22 asesores nombrados a dedo, y realiza unas obras faraónicas para reacondicionar su propio despacho, por valor de unos cuatro millones de las antiguas pesetas", lo que "tendrá un coste igualmente desaforado para las maltrechas finanzas tricantinas" al que hay que sumar los gastos por el desplazamiento de las oficinas de los partidos de la oposición, su alquiler, o peor aún, el 'coste oculto' en caso de que no se pague tal alquiler, pues supondría una cesión más que sospechosa por parte de algún agente inmobiliario".
El PSOE denunció que la "deportación" no afecta sólo a los concejales y las oficinas de los partidos políticos de la oposición presentes en el Ayuntamiento, "sino que se extiende además a todas las asociaciones y entidades tricantinas, que poseen su sede en el Centro 21 de Marzo". "Todas ellas han sido igualmente conminadas a abandonar sus actuales instalaciones y ni siquiera han recibido garantías de que Folgado les vaya a habilitar un espacio alternativo", concluyeron.