Una de estas mejoras sería, a juicio de Canalda, que pudiera determinarse convenientemente la conservación de los llamados datos de tráfico, "lo que permitiría identificar durante un periodo de tiempo, predeterminado y lo suficientemente amplio, el equipo desde el que se comete el delito". Igualmente, solicitó que se aborda "con el rigor y concreción necesarios" la exacta denominación de cada uno de los actores y operadores que intervienen en Internet y en otras nuevas formas de comunicación, de manera que los posibles delitos y responsabilidades queden claramente reflejados en la Ley.
"Esta institución ha propuesto en reiteradas ocasiones medidas como la creación de una Fiscalía especializada en este tipo de delito o el establecimiento de la figura del agente encubierto en la Red, que, además del carácter disuasorio que tendría, serviría para detectar desde dentro cualquier tipo de delito", agregó la Defensor del Menor de la Comunidad.
Delitos en la Red
Según explicó, el Código Penal tendría que adecuar algunos aspectos a los nuevos delitos que han surgido al albur de las Tecnologías de la Información, especialmente aquellos vinculados a situaciones de desprotección de los menores y siempre desde el principio rector del interés superior del menor.
"Hace pocos meses, la opinión pública se sorprendía con la consideración penal como abuso sexual lo que en realidad era una reiterada agresión sexual a un menor por parte de un pederasta conocido como Nannysex, que después distribuía a través de Internet las imágenes grabadas. Por eso hay que tipificar correctamente los delitos, porque así se determina la pena a imponer al agresor", exigió Canalda.
Por estos motivos, el Defensor del Menor considera que la reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información es una ocasión idónea para "seguir avanzando en la prevención, persecución y enjuiciamiento de los agresores de menores en esta nueva tipología delictiva, teniendo en consideración la opinión autorizada de diversos operadores jurídicos y sociales".