Para ganar tiempo, algunos de ellos evitan estar por casa para que la Policía no pueda hacerles entrega de dicha notificación. Éste es el caso de María Gracia Martín, inquilina de la vivienda adyacente a la calcinada el pasado mes de junio.
Mientras espera que llegue el triste momento en que le den diez días de plazo para abandonar su minipiso, María dedica su tiempo libre a buscar un lugar en el que vivir, ya sea de alquiler o en propiedad.
Tras una mañana entera dedicada a la búsqueda de una vivienda, María aseguró que es "casi imposible" que pueda hacerse con una, debido a que no gana lo suficiente. "Sólo podía acceder a donde estaba, que eran 300 euros más agua y luz cada mes y así iba tirando", explicó.
Además, se mostró decepcionada con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes porque su labor se ha limitado a ofrecerles "ayuda psicológica y abogados gratuitos para informar" pero ni siquiera les han proporcionado un almacén en el que guardar sus muebles una vez que se produzca el desahucio.
"No somos hermanitas de la caridad"
Y por supuesto, ninguna alternativa respecto la vivienda. De hecho, la respuesta que les dieron desde la Administración cuando solicitaron algún lugar en el que residir temporalmente mientras encontraban algo era que ellos no eran "hermanitas de la caridad".
Su vecino de la casa de al lado, Fortunato, además de culpar al Ayuntamiento, afirma que la dueña de los minipisos, que les hizo el contrato a pesar de que éstos no tenían cédula de habitabilidad, también tiene su responsabilidad ya que podría haber conseguido una prórroga de cinco días más para abandonar sus casas.
"Me duele pensar que la dueña sabía que le iban a cerrar los pisos porque no tienen cédula de habitabilidad", comenta Fortunato, quien afirma que va a pagar el alquiler del último mes, tal y como ha venido haciendo religiosamente los 58 meses que ha residido en esta casa, a pesar de que la dueña le ha "defraudado totalmente". Además, asegura que lo único que ésta les ha dicho es que se marchen "por las buenas".
La principal preocupación de este jubilado es llegar un día a su vivienda y ver que la Policía le haya precintado su casa sin haber encontrado antes un lugar en el que vivir. Para evitar que esto ocurra, se puso manos a la obra en la búsqueda de residencia desde el momento en que le notificaron los diez días de plazo.