MDO/E.P. | Martes 28 de agosto de 2007
La Comunidad de Madrid interpondrá a principios de septiembre la segunda parte de su recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para paralizar la construcción de la central térmica de ciclo combinado de Morata de Tajuña, infraestructura declarada de utilidad pública por el Consejo de Ministros.
En concreto, el Ejecutivo regional presentó un recurso de interposición a finales de julio, después de aprobarlo el Consejo de Gobierno de la Comunidad el 19 de julio. El Ejecutivo regional considera que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha forzado la declaración de utilidad pública sin contar con la Autorización Ambiental Integrada que debe ser otorgada por la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional apunta que la construcción de la central térmica pretende realizarse en una zona del territorio madrileño que cuenta ya con la presencia de una importante industria cementera. Asimismo, el equipo de Esperanza Aguirre subraya que la instalación de la central producirá un importante impacto en la zona ya que emitirá, estimando un régimen de funcionamiento de 6.000 horas al año, más 2,5 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, un gas que es el mayor responsable del cambio climático, y de cantidades significativas de metano que también contribuye a dicho proceso, lo que equivale al CO2 emitido por 500.000 vehículos durante todo un año de funcionamiento.
Además, advierte que la zona en la que se pretende construir la central está afectada por unos derechos mineros que fueron otorgados por la Comunidad de Madrid en el año 1984 y que se encuentran aún vigentes. Estos derechos otorgan la autorización para explotar los recursos mineros que existen en esos terrenos y declaran la actividad minera de utilidad pública. De esta forma, el Ejecutivo cree que el Acuerdo de Consejo de Ministros recientemente adoptado "genera un conflicto de intereses entre ambas administraciones por declarar de utilidad pública una actividad distinta a la ya existente en la zona".
Mientras, la responsable de la campaña del cambio climático de Greenpeace, Raquel Montón, recalcó que, a su juicio, es "imprescindible" que la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad no conceda la 'Autorización Ambiental Integrada' a este proyecto de central térmica porque "vertería a la atmósfera cerca de cuatro millones de toneladas de CO2 cada año, además de emitir otros gases nocivos para la salud como SO2 y NOx".
Asimismo, el presidente de la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña, Lorenzo Mora, señaló que la zona presenta un índice inusual de casos de cáncer, y que "el pueblo ya tiene bastante con la cementera situada en Valderribas, que, según un estudio de Ecologistas en Acción, emite el 67 por ciento de todo el CO2 que generan las empresas de actividades contaminantes en la región".