Agentes forestales en el limbo legal

Una vez que entre en vigor la Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad, que fue aprobada por la asamblea este miércoles, los agentes se encontrarán en un limbo legal. Mientras la Ley de Montes, de ámbito estatal, les encomienda las funciones investigación y persecución de delitos medioambientales, la medida regional les prohíbe acceder a terrenos forestales de propiedad privada, que representan un 70 por ciento del total.

Este es el motivo de la sucesión de protestas y manifestaciones que han protagonizado en las últimas semanas los agentes forestales. Según explica José Luis Díaz, portavoz de Medio Ambiente de CCOO, una vez que entre en vigor la Ley no podrán hacer su trabajo, que consiste en perseguir los delitos medioambientales, pues estarán incapacitados para acceder a terrenos de titularidad privada. El sindicalista pone un ejemplo: si un agente forestal ve a unas personas hacer una barbacoa en medio del monte y éste es de titularidad privada, no podrá pedir a los responsables que dejen de hacerla en ese momento.

Además, Díaz advierte que los equipos de extinción de incendios tendrán mayor peligro si ellos no pueden reconocer con anterioridad el terreno, “pues los agentes forestales son quienes mejor conocen los montes y la responsabilidad de los agentes es ayudarles”.

En el resto de las comunidades autónomas los agentes forestales pueden acceder a terrenos de titularidad privada, según asegura el coordinador estatal de agentes forestales de CCOO, Francisco Javier Cabezas. La opinión de los agentes es que “Aguirre ha ido contra la toda la historia de los forestales”, en palabras de Díaz. Una historia que tiene ya 130 años.

Cuestión de constitucionalidad
El Ministerio de Medio Ambiente está estudiando la Ley de Medidas Urgentes, pues para su titular, Cristina Narbona, es inconstitucional “porque todos los ciudadanos tienen derecho a la prevención de incendios”, según afirmó este jueves. Díaz explica que “cuando se publique la norma habrá una contradicción que es ilegal, pues vulnera una ley básica aplicable a las comunidades autónomas”, en referencia a la Ley de Montes, aprobada en 2006 por el actual Ejecutivo nacional.

Esta ley venía a sustituir la Ley 43/2003, aprobada bajo el Gobierno de José María Aznar, en la que "se recortaban competencias a los agentes forestales, pero donde no se llegó a quitar la potestad de entrar en fincas privadas, como ahora ha hecho Aguirre", explica Díaz.

La Ley de Medidas Urgentes reduce las competencias de los agentes forestales en la Comunidad, que habían sido reguladas por la Ley 16/95 de Protección Forestal de la región. En el apartado 3 del artículo 100 se lee: “Los agentes forestales podrán acceder a los montes o terrenos forestales con independencia de quien sea su titular”. La nueva Ley cambia este apartado e incluye que necesitarán autorización judicial para acceder a los terrenos de titularidad privada. La Ley de Montes otorga esta potestad a los agentes y especifica claramente la inviolabilidad del domicilio particular, siguiendo el artículo 18.2 de la Constitución.

Patada en la puerta
Es precisamente a este aspecto al que ha recurrido el Gobierno regional para defender la reducción de competencias de los agentes forestales. El portavoz del PP en la Asamblea regional, Antonio Beteta, argumentó de una manera muy gráfica la postura de su partido: "En la puerta de mi casa nadie puede dar una patada si no es con un mandato judicial", señaló Beteta. El Gobierno regional ha afirmado que con la Ley de Medidas Urgentes se “normaliza” la situación de los agentes forestales en este aspecto.

La Constitución distingue entre los conceptos de propiedad privada y domicilio. Mientras que el domicilio es inviolable, la propiedad privada es un derecho reconocido pero sujeto a la función social, según el artículo 33 de la norma. Díaz asegura que en lo referido a terrenos forestales privados la función social queda “muy clara en varias leyes” y cita la Ley 4/89, de Conservación de Espacios Naturales. Por otro lado, también la Guardia Civil tiene la potestad de entrar en terrenos forestales de propiedad privada, según han confirmado los servicios jurídicos del Sindicato Unificado de Guardias Civiles.

“Nadie tiene que temer el trabajo de los agentes forestales. Tan sólo aquellos que violen las leyes medioambientales”, concluyó Díaz.