El texto de la denuncia refleja que la gestante ingresó en el hospital maternal en dicha fecha tras objetivarse, mediante ecografía, el fallecimiento del feto, cuya expulsión se produjo mediante parto natural y que pesaba 1.730 gramos.
La familia autorizó con su firma la necropsia del cuerpo del bebé para conocer la causa del fallecimiento y lo donó al hospital para su posterior incineración. Sin embargo, días más tarde, cuando se interesaron por el resultado de la necropsia, el centro hospitalario aseguró ignorar el destino final del feto y no tener constancia alguna de la realización de la necropsia.
La defensa de los perjudicados, de la que se encarga la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (AVINESA), entiende que el caso podría constituir un ilícito penal y que vulnera lo dispuesto en el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid sobre el destino que debe darse a los restos humanos.