La nueva política de empleo

Entra en vigor hoy una nueva política activa de empleo de la Comunidad de Madrid. El programa viene acompañado de la polémica, tras las críticas lanzadas por oposición y sindicatos poniendo el grito en el cielo.

El plan ofrece, durante un plazo máximo de seis meses, experiencia profesional y formación a los que participen de la singular iniciativa.  Cada ayuntamiento podrá solicitar hasta 100 puestos de colaboración social de forma que hasta 4.500 personas podrán beneficiarse. Podrán
participar en los proyectos todos los demandantes de empleo  inscritos en las oficinas de la comunidad y que estén cobrando algún tipo de ayuda por desempleo, ya sea la prestación del paro de nivel contributivo, un subsidio de nivel asistencial o la Renta Mínima de Inserción.

Los ayuntamientos harán la selección a partir de la lista de posibles candidatos que les remitan desde las oficinas de empleo y distribuirán los contenidos formativos y de experiencia laboral. Además el parado recibirá orientación profesional para la búsqueda activa de empleo y, en su caso, para el desarrollo de su iniciativa emprendedora si eso es lo que busca, a través de la oficina de empleo, con una duración de diez horas al mes. En conjunto las actividades de práctica profesional, formación y orientación, no podrán exceder de ocho horas al día.

Tanto la oposición socialista al gobierno madrileño como los sindicatos han expresado su rechazo a esta nueva medida, que tachan de "discriminatoria". CCOO aseguró que esta medida tiene como objetivo "aumentar los controles de los perceptores y reducir la factura del desempleo"; y añade que estos trabajos temporales de colaboración social no tienen la consideración de trabajos por cuenta  ajena, aunque la jornada pueda ser de ocho horas diarias, ya que el desempleado está obligado a desempeñar un trabajo de utilidad pública; pero a cambio "no será contratado ni dado de alta en la Seguridad Social". El PSOE ha calificado el plan de "economía sumergida" y "empleo encubierto". Su portavoz en el Congreso cree  que se trata de una nueva "discriminación" para los parados que no perciben ningún tipo de prestación. Gaspar Llmazares cree que es una "gran equivocación" obligar a los parados a trabajar para los ayuntamientos si no quieren perder sus prestaciones, porque en la lucha contra el desempleo "no trata de utilizar una mano de obra casi  esclava" sino de crear puestos de trabajo "de calidad".

Puede que sea un apaño, puede. Y puede que no sea la mejor de las opciones de empleo a futuro, eso es seguro; pero a mí me parece una buena idea para hacer que personas que se sienten inutilizadas, desesperanzadas y aburridas tengan una buena excusa cada día por levantarse y salir de casa; una opción de sentir que, mientras llega su oportunidad de encontrar un nuevo empleo, pueden mejorar  habilidades y aportar mucha de su experiencia profesional, colaborando. Que podrán permanecer en activo y olvidarse durante la larga jornada diaria que aún es posible ocuparse, aunque solo sea ayudando en labores publicas que usamos, disfrutamos y pagamos entre todos.