Viernes 10 de mayo de 2013
La Comisión Legal del 15-M ha presentado este viernes en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Gran Vía cuarenta demandas contra las sanciones impuestas por la Delegación del Gobierno en Madrid a cuarenta ciudadanos mientras participaban en manifestaciones convocadas por el 15-M.
Estas demandas, que se suman a otras 19 ya presentadas, no serán las últimas, ya que según estima el colectivo, más de 1.000 ciudadanos habrían sido sancionados por participar en protestas celebradas desde que surgió el movimiento.
La Comisión Legal del 15M ha explicado que han interpuesto estos recursos debido a la Administación ha ignorado prácticamente todas y cada una de las explicaciones alegadas por los ciudadanos que han demandado. Por ello, consideran que tienen "la obligación" de interponer demandas y advierten que lo seguirán haciendo "hasta que se deje de reprimir administrativamente a la sociedad civil".
La Comisión Legal ha insistido en que "algo de razón" tendrán cuando el Ministerio del Interior ha estimado algunas de las alegaciones presentadas anteriormente por los sancionados.
Política de represión para "desmovilizar"
Asimismo, los abogados de Sol consideran que la Delegación del Gobierno de Madrid está utilizando su poder sancionador "como una herramienta limitativa de derechos fundamentales sin garantizar a la ciudadanía las mínimias garantías de defensa frente a los poderes públicos".
Desde el 15M explican que estas sanciones obedecen a una política de represión de baja intensidad que tiene como objetivo desincentivar las protestas sociales. Por este motivo, han añadido que de cara a las manifestaciones de mayo exigirán a la Delegada de Gobierno y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que respeten el derecho de reunión.
En este sentido, reclaman que "es obligación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades", algo que, a su juicio, no se ha cumplido en los dos últimos años, en los que se ha sancionado a centenares de personas sin una base legal, obedeciendo a órdenes injustas.
"Han creado con ello un mecanismo de intimidación y recaudación pública contra quienes ejercen con legitimidad su libertad de expresión, reunión, información y circulación. En esta situación creemos que se debe desobedecer", apuntan, para recordar a continuación la campaña puesta en marcha por el 15-M de dejar el DNI "en casa".
Por último, aseguran que "la criminalización de la protesta, las cargas indiscriminadas y las sanciones sistemáticas, aleatorias e injustificadas no han conseguido desmovilizar la protesta ciudadana", sino todo lo contrario.