Viernes 19 de abril de 2013
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Comunidad contra la sentencia del TSJM que anulaba los servicios mínimos de la huelga general del 29 de septiembre de 2010.
El día 11 de abril la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo notificó la sentencia que desestima
el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló gran parte del Decreto 68/2010, de 23 de septiembre, por el que el Gobierno regional, estableció los servicios mínimos para la huelga general del 29 de septiembre de 2010.
Según ha informado CCOO en un comunicado,
el Gobierno regional impuso los servicios mínimos en el día de paros, lo que motivó que los sindicatos interpusiesen un recurso Contencioso- Administrativo por vulneración del derecho fundamental de huelga ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El TSJM sentenció anulando parte del Decreto 68/2010 estimando que:
no estaba motivada la fijación de los servicios mínimos, se establecían en actividades o prestaciones no esenciales, había "falta de proporcionalidad y parcialidad de la Administración" en el conflicto laboral, según el sindicato. Esta sentencia fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por la Comunidad.
El TS ha refrendado la decisión del TSJM, al considerar que el recurso regional no es aceptable, lo que convierte a
la sentencia del TSJ en firme y definitiva. Además el Supremo impone el pago de 1.500 euros de costas a la Comunidad de Madrid.
CCOO de Madrid manifestó su satisfacción ante esta decisión del Tribunal Supremo a pesar de que ya no tiene efectos prácticos, aunque en opinión del secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid, Manuel Rodríguez, “esta es la culminación de una larga batalla jurídica contra la Comunidad de Madrid por imposición abusiva y sistemática de servicios mínimos en los conflictos laborales”.
Estas sentencias han posibilitado que en las dos últimas huelgas generales se hayan pactado los servicios mínimos con el Gobierno regional.
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