Miércoles 10 de abril de 2013
Soledad Becerril, actual defensora del pueblo, ha pedido este miércoles en el Senado que se aumente el poder de los jueces en materia de desahucios para que exista una "mayor flexibilidad a la hora de facilitar acuerdos entre acreedores y deudores". Se ha apoyado para ello en la actualización del informe 'Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo'.
Becerril ve necesario que se lleve a cabo una profunda reforma de la ley hipotecaria. Para ello, entre otras medidas, propone elaborar el concepto jurídico de
'el deudor de buena fe'. Y es que hay familias a las que la crisis económica les ha llevado a la imposibilidad de devolver los préstamos a las entidades financieras. Para Becerril se trata de "hacer hincapié en que la ley fije de manera especial en la determinación de la insolvencia de las personas físicas de en qué momento se producen y cuáles son las circunstancias de cada familia".
Del mismo modo, ha pedido que, en el caso de que se llegue a la subasta de la vivienda, "que el precio se ponga de manera razonable e independiente, no que sea valorada por la entidad financiera". Y, según ha apuntado, le parece "fundamental"
que se eliminen los "intereses abusivos de demora". "Es uno de los casos
a los que se refiere el tribunal europeo cuando habla de medidas abusivas en España", ha señalado.
A su juicio, lo necesario en estos casos es que el deudor hipotecario de buena fe
"tenga una segunda oportunidad", que "se eviten los lanzamientos de vivienda" y que el juez tenga "una mayor capacidad para evaluar la situación de la familia". En este sentido, ha defendido que "el lanzamiento no beneficia a nadie y es dramático para la familia".