Después de que la Comunidad de Madrid retirase el concierto a la FP superior en centros privados, la consejera ha vuelto a abrir la puerta a financiar estos ciclos, aunque no hay cifras concretas.
Hasta
7.000 plazas quedaron en el aire después de que la Comunidad eliminara de la orden de conciertos educativos los que tenía para subvencionar la FP de grado superior en centros privados.
La retirada de los 26 millones de euros con los que se financiaban ponen en peligro su continuidad, así como la de unos 500 profesores, pues sin ayudas los ciclos pasarían de ser gratis a costar entre 200 y 300 euros mensuales.
Ahora la Comunidad ha abierto la puerta a seguir financiando estos módulos, aunque la consejera de Educación, Lucía Figar, no mencionó cantidades concretas durante la reunión que mantuvo la pasada semana con la patronal de la enseñanza concertada. Según Emilio Díaz de FERE-Escuelas Católicas,
la Comunidad no tiene intención de volver a la figura del concierto, aunque podrían suscribirse otro tipo de acuerdos, como convenios, con el fin de garantizar la supervivencia de estos estudios.
"Es un pequeño gesto", indicó a este digital Díaz, quien espera que la patronal pueda llegar a un "acuerdo válido", para lo que seguirán negociando con la Subdirección General de Becas y Ayudas. No obstante, los centros concertados tampoco se han dejado llevar por el optimismo, ya que
las cuestiones económicas fueron la razón principal para que la Comunidad retirara el concierto, según relata que aseguró la propia Figar durante la reunión.
La Comunidad mantuvo que quería impulsar la FP Dual en centros concertados, pero desde FERE-Escuelas Católicas se asegura que, aunque puede haber algún centro interesado en "ahondar en las prácticas en empresas", no es lo que se está planteando el sector.
Emilio Díaz también anunció que
la patronal va a recurrir judicialmente la retirada del concierto, pues "se trata de un derecho de los titulares de los centros" e insistió en la diferencia entre los conciertos educativos, regulados por ley orgánica y que establecen unas responsabilidades en la administración, y los convenios, que no suponen un compromiso de renovación.