El proyecto del Club de Campo del noroeste, un complejo deportivo con dos campos de golf que promueve el Ivima en la finca protegida de El Garzo, ha encontrado sus detractores. La Comunidad está realizando el estudio de viabilidad ambiental.
La expresidenta regional
Esperanza Aguirre presentó este proyecto en enero de 2012 y lo bautizó como Club de Campo del noroeste. En este año que ha pasado, vecinos y asociaciones se han organizado en la plataforma
Salvemos la Finca de El Garzo para intentar frenar este complejo, que ocuparía unas 180 hectáreas de las 403 que tiene la finca. Además, ha cosechado el rechazo de la oposición tanto en el Ayuntamiento de Las Rozas como en la Asamblea regional.
El proyecto consta de
dos campos de golf de 18 hoyos (uno corto) y otro infantil de 9. Además, está prevista la instalación de pistas de atletismo, fútbol, baloncesto o natación, y un centro de hípica. Todo ello se levantaría en una finca protegida, incluida como zona de transición del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y que tiene como finalidad principal constituir una franja de protección del
monte de El Pardo, además de ser Lugar de Interés Comunitario y parte de la Red Natura 2000, ambas figuras europeas.
Una vez que ha recibido la viabilidad urbanística por parte del Ayuntamiento de Las Rozas, ahora se está tramitando su evaluación de impacto ambiental, de la que depende su construcción y a la que remite un portavoz del Ivima.
La normativa del parque regional permite instalaciones deportivas en la zona de transición, donde se encuentra, pero la plataforma considera que dañará el ecosistema: "No es lo mismo un campo de fútbol de tierra que un campo de golf. Será necesario allanar el terreno y plantar césped, que requerirá tratamientos fitosanitario", asegura Alberto Barrera, de la plataforma.
Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, considera que la comunidad "está forzando la normativa para colar un uso que no cabe". La portavoz ecologista asegura que
ya se desechó un complejo deportivo sin campos de golf en los noventa en la misma finca porque el patronato del parque no lo vio apropiado. Este patronato ya no existe.
El Gobierno regional lo eliminó en 2010, al igual que otros órganos consultivos, con el argumento de ahorrar, aunque "no suponía ningún gasto", apunta Nieto.
Pese a que el proyecto obtenga el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente, la plataforma se opone al mismo y
se plantea recurrir a instancias europeas para conservar la finca, debido a que parte de su protección procede de normativa comunitaria. Esperanza Aguirre era consciente del valor medioambiental de la finca, por lo que durante su presentación destacó que las "zonas de mayor biodiversidad de la finca iban a quedar totalmente preservadas" o que se "minimizará el movimiento de tierras".
El Gobierno regional lo presentó como el primer proyecto de biogolf, en referencia a que se usará agua regenerada, se reforestará la zona o se introducirá fauna autóctona. Esta etiqueta no convence ni a ecologistas ni a la oposición. El secretario general de los socialistas roceños lo ha tildado de "desfachatez". "Es como si una central nuclear o una planta petrolífera se le pone la denominación porque utilizaron pintura ecológica en su construcción o porque utilizan guantes reciclables", indicó. "El prefijo 'bio' es encantador, pero en absoluto tiene nada que ver con la conservación del ecosistema", criticó el grupo parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid, donde
pidieron la retirada del proyecto.
Otra de las críticas que ha recibido el complejo es que lo esté promoviendo el Ivima. "No llegamos a entender cómo una empresa pública que se dedica a la construcción de vivienda protegida compre una finca para instalar campos de golf". Desde este organismo explican que los terrenos son de su propiedad desde los años setenta cuando le fueron cedidos por el Instituto Nacional de Vivienda. "Se ha decidido hacer este complejo en estos terrenos y lo promueve el Ivima porque es es el propietario", explica el portavoz. Aun así parte de los terrenos, 85 hectáreas,
fueron comprados por la Comunidad en 2012 por 260.898 euros. El complejo será construido y gestionado por la empresa privada que gane el concurso público que convocará el Ivima.