La legislación española en materia de desahucios es ilegal. Así lo ha dictaminado este jueves el Tribunal de Luxemburgo que, en concreto, alega que los procesos de ejecución hipotecaria no permiten la defensa del deudor. El Gobierno de España se ve así forzado a cambiar la ley.
Una
sentencia planteada en el marco de un litigio entre Mohammed Aziz, que fue desahuciado de su vivienda en Barcelona en enero de 2011, y Caixa D’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) ha revolucionado la ley española sobre los desahucios. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la ley hipotecaria vigente no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a
cláusulas abusivas en las hipotecas. La normativa española incumple una
directiva europea de 1993. Y es que hasta ahora los jueces no podían paralizar un desahucio atendiendo a esta razón, sino que esta cuestión debía resolverse una vez ya estaba ejecutada la expulsión.
El Tribunal considera esta protección "incompleta e insuficiente" ya que"
no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda" sino que se limita "al pago de una indemnización por daños y perjuicios". "Basta con que los profesionales inicien un procedimiento de ejecución hipotecaria para privar a los consumidores de la protección que pretende garantizar la directiva", reza el escrito. "La directiva sobre las
cláusulas abusivas se opone a una normativa nacional, como la normativa española en cuestión, que no permite al juez que conozca del proceso declarativo —es decir, el que tiene por objeto declarar el
carácter abusivo de una cláusula— adoptar medidas cautelares, en particular la suspensión del procedimiento de ejecución, cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final", concluye.
¿Y ahora... qué?
"Ahora España tiene un problema".
Rafael Mayoral, abogado de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
, celebra que Europa por fin reconozca que
"se han violado los derechos de las personas". "Estamos contentos pero no vamos a bajar la guardia con las entidades financieras que no han tenido reparo en violar los derechos humanos", ha dicho Mayoral. De momento, la sentencia es de obligado cumplimiento para todos los jueces.
El ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, ya ha reconocido públicamente que el Gobierno deberá cambiar la ley para adaptarla a la normativa europea. De no hacerlo, la Comisión Europea podría abrir expediente de sanción. A preguntas de los periodistas en el Congreso de los Diputados, el ministro ha declarado: "Asumimos ya el compromiso de que todos los aspectos que [la sentencia] haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos". "Afortunadamente estamos en plazo para hacerlo", ha agregado Gallardón. El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha dicho que "lógicamente" se cumplirá la sentencia y que los servicios jurídicos del Estado están analizando el texto. "No quiero hablar de las cosas sin tener absoluto conocimiento de causa y no lo tengo ahora", se ha excusado.
En
febrero la Cámara Baja tomó en consideración una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reunió un millón y medio de firmas para regular la dación en pago y paralizar los desahucios. Y es que el desmesurado aumento de los mismos que tuvo lugar en 2012 —se batió un récord histórico llegándose a alcanzar los 80 diarios, lo que supuso un
crecimiento del 134 por ciento, según el Consejo General del Poder Judicial (
CGPJ)— provocó una situación dramática para miles de familias. El PP en el Congreso decidió retrasar los siguientes pasos para la tramitación de la ILP precisamente por estar a la espera de la sentencia publicada hoy. Ahora la PAH espera que los partidos políticos la aprueben, "tal y como hace el 90 por ciento de la población".
Consecuencias inmediatas
Los abogados de las plataformas se reunirán este fin de semana para analizar las medidas que tomarán desde ahora pero, de momento, adelantan que exigirán
que los jueces paralicen de inmediato "todos los procedimientos vivos que estén en sus juzgados, incluidas las órdenes de lanzamiento, esto es los desahucios". Además, dicen que deberán revisarse las cláusulas abusivas de las hipotecas y las consecuencias de dichas cláusulas, como las cláusulas suelo o los intereses elevadísimos de demora, en cuyo caso tendrían que condenar a la entidad financiera a devolver lo cobrado. También acarrea esta sentencia la
retroactividad "para las personas que han sido víctimas de un procedimiento injusto".