Un 66 por ciento de los jueces de las distintas jurisdicciones madrileñas han secundado hasta las 12.00 horas de este miércoles la huelga convocada por las asociaciones "contra la politización de la Justicia" y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la "privatización" del Registro Civil y la "paupérrima" situación de medios personales y materiales que soporta desde hace décadas la Administración de Justicia. El TSJM ha cifrado el seguimiento en un 42 por ciento.
Así lo han concretado los portavoces de la asociaciones de Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla donde a esta hora se concentran cientos de jueces, fiscales y abogados, funcionarios de la administración de justicia madrileña. Por su parte, las asociaciones nacionales presentes han anunciado el dato de seguimiento global, por el que un 62 por ciento de los jueces españoles habrían secundado la jornada de huelga. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha cifrado en un 42 por ciento el seguimiento de la huelga de jueces.
Los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal reivindican un
incremento de la inversión pública y de la plantilla en los tribunales españoles al denunciar que el país ocupa el puesto 36 del ranking europeo con diez jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de países como Moldavia, Albania o Grecia y sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, un país con muy baja litigiosidad.
Además, reivindican un
incremento de medios en la lucha contra la corrupción, modificar la
Ley del Indulto, derogar o modificar "urgentemente" la
ley de tasas y
paralizar la reforma del órgano de gobierno de los jueces al convertirlo en "un apéndice" del Ministerio.
Manifestación ante el Supremo
Varios centenares de funcionarios, jueces y fiscales se han concentrado en la madrileña plaza de la Villa, ante la sede del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia, contra la política del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Una empleada pública hacía la peineta a las reformas legislativas, mientras otros coreaban:
"Sí hay dinero, lo tiene el tesorero".
Los asistentes han respondido así a la llamada de los sindicatos a participar en concentraciones desde las 11.30 hasta las 12.30 ante las oficinas judiciales y a la convocatoria de huelga de los jueces y fiscales.
"No es una crisis, es una estafa",
"Entre todos pararemos la reforma judicial",
"No a las tasas, Justicia para todos" y
"Gallardón dimisión", han sido los gritos más coreados.
Los empleados públicos han estado ataviados con camisetas amarillas en las que se podía leer el lema
"Sin Justicia no hay derechos" y animados por una representante de CC.OO que, con micrófono en mano, coreaba:
"Gallardón escucha, Justicia está en la lucha".
Entre los presentes se encontraban funcionarios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como jueces y fiscales de la Audiencia Nacional como el magistrado
Eloy Velasco o los fiscales
Vicente González Mota,
Miguel Ángel Carballo,
Dolores Delgado o
Juan Antonio García Jabaloy.
En el Tribunal Supremo el único magistrado que ha comunicado formalmente su intención de ir a la huelga ha sido
Rafael Sarazá, el penúltimo en llegar a la Sala de lo Civil. Todas las vistas señaladas se han celebrado, aunque se está a la espera de recibir el seguimiento que ha tenido la jornada de paro en el alto tribunal.
Derecho de huelga en un vacío legal
No es la primera vez que la reclamación de refuerzos en los tribunales acaba con una huelga de togas. La primera huelga de la democracia tuvo lugar en febrero de 2009 contra el entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo y desde entonces continúa el
vacío legal sobre el derecho de los magistrados a ejercer o no la huelga.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
rechazó también fijar servicios mínimos para el día de la huelga general convocada el pasado 14 de noviembre al carecer este derecho de soporte normativo. Esta vez, la portavoz Gabriela Bravo ha mantenido el mismo criterio y ha estimado que la huelga "no es el camino" en el momento actual.
Precisamente, la confederación Medel, que integra a las asociaciones de magistrados europeos, ha expresado su "completo" respaldo a la huelga de jueces al
ver legítima su potestad de ejercer esta medida de acción para censurar la gravedad de las reformas legislativas.
Los profesionales del sector se han levantado contra las reformas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y han manifestado, especialmente, un
rechazo unánime al "tasazo" judicial durante los últimos meses.
El propio ministro anunció la pasada semana que revisaría a la baja las cuantías, tras recibir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien está a expensas de estudiar la propuesta definitiva del Ministerio antes de decidir si presenta o no un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, en vigor desde diciembre y recurrida ya por el Grupo Parlamentario Socialista.
"Improvisación" e "imposición"
Pero no es sólo el fondo lo que ha suscitado el malestar de los operadores jurídicos, también las formas del titular de Justicia. Abogados, consumidores y sindicatos integrantes en la
'Plataforma Justicia para Todos' critican la "improvisación" y el modelo "impuesto" por el ministro, mientras que los jueces afirman que
la huelga se ha convertido en la "única salida" tras las llamadas a la negociación de sus reformas.
Gallardón también ha apostado por el "diálogo y la negociación" frente a la vía de la huelga, aunque ha recordado que ésta ha sido convocada "por unas asociaciones, que no son mayoritarias, dentro de la Carrera Judicial".
Las asociaciones representativas de la Carrera Judicial fueron invitadas en enero por el Ministerio a abordar el nuevo modelo del CGPJ pero éstas declinaron las reuniones porque eran "de forma separada" y no se las consultó durante la elaboración de la reforma. Sólo la
Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aceptó la cita al encuadrarla como una "entrevista institucional" con su nuevo presidente, Pablo Llarena.
Precisamente, la APM, mayoritaria en la Carrera y de carácter conservadora, es la única que se ha descolgado de la convocatoria de huelga, junto con la Asociación de Fiscales. La Asociación Profesional de la Magistratura lamenta esta acción cuando existe una crisis que se proyecta en
"tremendas dificultades sociales y un descrédito institucional larvado y emergente".
No obstante, la APM ha registrado una
división entre sus asociados cuando ha consultado a las bases sobre la protesta. Entre otras, la Sección Territorial de Andalucía, que representa a la cuarta parte de la totalidad de la asociación, ha manifestado su adhesión a la huelga.