Ecologistas en Acción crítica el calendario exprés de revisión del planeamiento de la ciudad porque "podría ser una forma de ganar tiempo confundiendo a los afectados para evitar reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la administración".
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado el avance de la revisión parcial del Plan General de 1985, trámite al que seguirá un proceso exprés para conseguir que a finales de julio de este mismo año sean legales los 22 desarrollos urbanos anulados por el Tribunal Supremo.
La reducción en más de año y medio de la tramitación pretende acabar con el principal problema urbanístico que tiene actualmente la capital y que se plasma en la imposibilidad de dar licencia de ocupación a las 4.500 viviendas de cooperativas que, a partir de marzo, comenzarán a ser concluidas en Valdebebas.
"El calendario para la aprobación del documento de revisión parcial del Plan General de 1985, parece un intento de esquivar las sentencias del Supremo", denuncia Ecologistas en Acción, que recuerda que "este tribunal declaró nulos 22 ámbitos de suelo urbanizable del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid de 1997, en los que se pretendían construir 135.000 viviendas".
"Por consiguiente, en esos ámbitos está vigente el anterior PGOU, de 1985", continúa la organización ecologista, quien añade que "es el que ahora pretende revisar parcialmente el Ayuntamiento. Según la hoja de ruta se pretende llevar a cabo todo el procedimiento de Revisión del PGOU (algo que suele tardar un mínimo de cinco años) en apenas seis meses".
Así, Ecologistas en Acción critica que "para lograr esta revisión en un tiempo récord sin precedentes, se pretenden forzar los plazos y las garantías legales exigidos en este tipo de procedimientos, mermando gravemente la participación ciudadana y la correcta evaluación ambiental, entre otras cosas". Además explica que "el hecho de que ya esté en marcha desde el pasado año el proceso de revisión del PGOU de 1997, introduce serias dudas sobre la compatibilidad de dos revisiones simultáneas y paralelas del Plan General, una situación absurda y no prevista en la legislación vigente".
"Incluso en el caso de que se llegara a aprobar definitivamente esta revisión parcial del PGOU de 1985 en los plazos establecidos en la hoja de ruta, esto no supondría más que una nueva huida hacia delante para seguir eludiendo el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2007. Es decir, estaríamos ante una nueva subsanación similar a la realizada en 2008 y que el Tribunal Supremo anuló mediante sentencia el 28 de septiembre de 2012. La razón es que el Ayuntamiento se niega a entrar en el fondo de la sentencia, tratándola como un simple problema de defecto de forma. En realidad la sentencia exige una motivación real de la pérdida de valores naturales para reclasificar el suelo protegido. Esa motivación no se conseguirá tramitando un nuevo Plan General en seis meses con informes
ad hoc o hechos a medida", explican los ecologistas.
Por todo ello, a juicio de Ecologistas en Acción, "la motivación real del Ayuntamiento al presentar esta inviable 'hoja de ruta' podría tener más que ver con calmar los ánimos de personas afectadas, cooperativas y juntas de compensación. Se pueden generar falsas expectativas de una pronta resolución de sus problemas, para evitar que éstos reclamen por responsabilidad patrimonial a la administración. Hay que recordar que existe un plazo de un año, desde la notificación de la sentencia, para realizar estas reclamaciones. Este plazo vencería el próximo mes de octubre".
"De seguir adelante con sus planes, el Ayuntamiento dirigido por Ana Botella podría ocasionar aún más perjuicios a las personas afectadas, continuando así con la reiterada temeridad e incompetencia del anterior alcalde y actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, máximo responsable de la actuación municipal y, por tanto, del problema social generado", denuncia Ecologistas en Acción, que ha solicitado reuniones con la Concejala Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento y con el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid para tratar esta cuestión, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta.