La crisis y el derecho a decidir

Hace ahora algo más de un año, Mariano Rajoy se hizo con la Presidencia del Gobierno de España después de que el PP arrasará en las elecciones generales con un programa electoral que empezó a incumplir desde que empezó a aprobar decretos que en nada se parecían a sus promesas electorales. El mandatario español reconoció que sus medidas de gobierno no estaban entre sus compromisos con sus votantes, más bien, había anunciado que  no haría lo que ahora estaba poniendo en marcha. La subida del IVA y de otros impuestos, las pensiones de los jubilados sin revalorizar, estaban en su mente, no en su programa, pero no lo dijo y lo aplicó. Dijo que lo hizo muy a su pesar suyo y culpó a la crisis de lo que estaba haciendo. Su antecesor en el cargo, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, era, a juicio del PP, responsable de que hiciera lo que no quería por la herencia que dejó a Rajoy, quien ha vivido repitiendo esa monserga durante doce meses. ¿Y los ciudadanos que votaron al PP para echar a Zapatero y no para ser castigados? Están en su pleno derecho de exigir el cumplimiento del contrato firmado y no de que se apliquen medidas que no estaban en el programa electoral. Los españoles, también los madrileños, que votaron al PP de Esperanza Aguirre lo hicieron no para hacer lo no acordado sino para aplicar lo firmado con la fuerza de los votos. En el programa de gobierno de Esperanza Aguirre no estaba la privatización de la gestión de seis hospitales públicos y de una veintena de centros de salud. Tampoco hacer del Hospital de la Princesa algo  distinto a lo que había sido durante décadas, ni el euro por receta.

Transformar La Princesa tuvo tanta respuesta que tuvieron que dar marcha atrás. Privatizar la gestión de centros sanitarios hasta ahora pública en privada es aplaudida por las empresas que negocian en este sector pero rechazada por médicos, enfermeras y demás personal sanitario. Llevan en huelga más de un mes y cuentan con el apoyo de una gran parte de la ciudadanía. También con el de votantes del PP sorprendidos por la aplicación de una medida justificada por la razón del dinero que buscan los que creen que la crisis lo justifica todo. La única manera de salir de este atolladero es mediante la consulta. El derecho a decidir no sólo es una petición de separatistas también un derecho de los que tienen que sufrir pérdida de derechos conquistados a lo largo de los años y a base de mucha lucha y esfuerzo. La crisis existe, sin duda, pero nadie nos dijo que el hecho de ganar unas elecciones, por mucha mayoría que exista, daba libertad para actuar a tontas y a locas, sin tener en cuenta el criterio de los representados, que son los que eligen a sus representantes pero no para hacer lo que les venga en gana por mucha crisis que haya. Tenemos derecho a decidir si dejamos la gestión de nuestra salud a unos señores bienintencionados que tienen como objetivo la buena intención de ganar dinero.