Viernes 21 de diciembre de 2012
Pablo Cavero, consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, ha hecho entrega este viernes de las llaves de 80 viviendas a familias en situación de especial necesidad y con riesgo de exclusión social. Ha criticado la ocupación ilegal de viviendas.
Se trata de viviendas adjudicadas en régimen de arrendamiento renovable anualmente por el Instituto de Realojamiento e Integración Social, de las que 40 se han destinado a familias que han sido desahuciadas y las otras 40 a familias monoparentales con menores, tras estudiar sus circunstancias personales y económicas.
En todo caso, los beneficiaros son "gente trabajadora y honesta que quiere hacer frente al pago de su casa pero ahora no puede hacerlo", ha dicho Cavero. Las viviendas se encuentran distribuidas entre 12 distritos de Madrid y 20 municipios de la región, y el precio del alquiler depende del tamaño de las mismas y contempla deducciones en los casos de familias numerosas y pensionistas. Los precios oscilan entre 64 y 100 euros.
"Somos conscientes del sufrimiento que viven quienes quieren pagar su vivienda pero no tienen en este momento los medios para hacerlo. Tenemos muy presente la angustia que supone no poder afrontar ese pago y las dramáticas consecuencias que conlleva para una familia la pérdida de su casa", ha manifestado Cavero.
El objetivo del gobierno regional es facilitar a estas familias "la estabilidad que les permita atenuar su situación, seguir adelante y recuperar su vida o iniciar una nueva". En este sentido, la ayuda prestada por la Comunidad de Madrid a través de estas viviendas es un "impulso para todo ello".
El responsable de Vivienda de la Comunidad de Madrid ha indicado que "más de 27.000 familias madrileñas que han atravesado por algún tipo de dificultad disfrutan de una vivienda pública por la que pagan un alquiler mensual de menos de 270 euros al mes".
Ha recordado que el gobierno autonómico ha renegociado el alquiler a más de 5.000 familias que viven en casas propiedad de la Comunidad de Madrid, y que en algunos casos ese alquiler se ha reducido a 40 euros al mes, así como las 1.000 viviendas donadas a Cáritas.
Por todo ello, ha asegurado que "Madrid es la región que imprime a su política de vivienda un carácter más social", así como "la primera en tomar medidas para paliar las consecuencias de los desahucios".
"Muchas de nuestras viviendas están 'okupadas' ilegalmente, lo que causa un grave perjuicio a quienes más lo necesitan", ha señalado Cavero tras manifestar que al gobierno regional le gustaría proporcionar más de este tipo de hogares. "Por cada vivienda 'okupada' ilegalmente hay una familia con su drama personal que podría vivir en ella", ha añadido.
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