Las políticas de ajuste y la infancia

El desempleo creciente, la reducción de los salarios de los trabajadores y trabajadoras que tienen empleo, junto a las drásticas políticas de recorte del gasto público que afectan, directa o indirectamente, a las familias, están ocasionando un enorme deterioro de las condiciones de vida de los niños y los jóvenes en nuestro país.

Los niños y los jóvenes son los grupos de edad que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica de manera más grave tanto en términos personales como sociales.

Según Eurostat, la pobreza crónica en la infancia ha crecido casi seis puntos porcentuales desde 2007 hasta 2010, hasta el 16,7%, mientras que la pobreza crónica del total de la población es de un 11% y ha crecido dos puntos en el mismo período.

Podemos confirmar que, con la crisis económica, el incremento de la pobreza en la infancia ha sido significativamente mayor que el del resto de la población. El impacto de la crisis ha sido más duro en los hogares con niños si lo comparamos con el conjunto de los hogares y hay un dato que ilustra también sobre la creciente precariedad de las familias con hijos: el indicador de hogares con niños menores de 18 años que no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos ha pasado del 28% al 37% entre los años 2008 al 2010.

Este enorme deterioro de la situación de las familias, en lo que afecta a la infancia y la juventud, tiene su origen, en primer término, en al aumento espectacular del desempleo. Una lacra que alcanza a 6 millones de asalariados pero además nos encontramos con la dramática situación de aquellos que agotan las prestaciones por desempleo, las subvenciones y ayudas sin posibilidad cierta de encontrar un puesto de trabajo en un futuro inmediato.

Son en estos hogares en los que sus progenitores se han quedado sin trabajo y, en consecuencia, sin ingresos o con ingresos reducidos, donde se empobrece la calidad y las condiciones de vida de la infancia y la juventud en nuestro país, desde la alimentación insuficiente, a las precarias condiciones de escolarización, las limitaciones de acceso a la atención y tratamiento médico y que llega al desahucio como situación de especial gravedad para las familias con menores a cargo.

Junto a este primer factor quiero mencionar la reducción de los salarios de los trabajadores y trabajadoras tanto en el sector privado como en el sector público,  que repercute directamente en la infancia y la juventud.

Una pérdida de ingresos en la que también incide muy negativamente el reparto de las cargas fiscales, injusta por otra parte. Una presión fiscal que mediante la imposición directa e indirecta afecta a las familias.

En tercer lugar me gustaría hacer mención y poner el acento en la responsabilidad del Gobierno en la degradación de las condiciones de vida de las familias en nuestro país.

Las medidas de política económica, de reducción del gasto público, además del incremento del paro que conllevan, suponen la reducción del gasto que se destinaba en ayudas a las familias,  entre otras, en becas escolares, en servicios sociales, educativos o de salud, en un tiempo en el que más se necesitan.

Los niños, en especial los que están en edades más tempranas, son enormemente sensibles a las situaciones de falta de atención, de recursos ó a la mala calidad de los servicios. Por ejemplo, una mala nutrición o atención médica en esa etapa vital, o la falta de estímulos educativos pueden tener consecuencias que se pueden alargar en el tiempo y durante su existencia.

Es hora de actuar, de poner remedio, de evitar que nuestros niños y jóvenes sufran las secuelas que pueden llegar a ser irreversibles de las carencias materiales.

Los niños no son responsables de la crisis y tienen menos capacidad de hacer oír su voz y defender sus derechos, por eso el conjunto de la sociedad, y especialmente los gobiernos, tienen la elevada responsabilidad de poner freno a la degradación que sufren los menores, conscientes de las secuelas que estos déficits pueden acarrear en su futuro.