Más de un centenar de detenidos, 12 millones de euros incautados en efectivo, otros 11 bloqueados en más de 1.000 cuentas bancarias... Es el balance provisional de la más importante operación contra la mafia china desarrollada en España. La conocida como 'operación Emperador', la mayor de este tipo desarrollada por la Audiencia Nacional, desarticulaba a mediados de octubre un complejo entramado de blanqueo de capitales y fraude fiscal con base en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada
La red
sacaba de España entre "200 y 300 millones de euros al año" en furgonetas, coches y trenes durante los dos últimos años y blanqueaba ingentes cantidades de dinero en distintos
paraísos fiscales, según fuentes policiales. El concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada,
José Borrás; el actor porno,
Nacho Vidal y el galerista de arte
Gao Ping encabezaron la lista inicial de detenidos aquel 16 de octubre.
El arresto del primero de ellos, por la supuesta concesión de
licencias irregulares, se produjo en el propio consistorio fuenlabreño, donde días después
presentaba su dimisión como concejal tras su imputación en el caso. No menos polémica fue la presunta vinculación del actor porno,
Nacho Vidal, al que se le atribuía la elaboración de facturas y blanqueo de dinero procedente de los miembros detenidos en este macrooperativo. Finalmente se imputó a su hermana de la supuesta utilización de la empresa de Vidal sin su conocimiento.
El actor y el concejal quedaron en libertad sin fianza dos días después.
No corrió la misma suerte el presunto líder de la trama,
el empresario chino Gao Ping, para el que el juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu dictó
prisión incondicional. Allí permaneció no más de un mes, ya que un error judicial –la superación ilegal del plazo de detención de 72 horas-
puso nuevamente en la calle al galerista de arte y a otros 12 presuntos cabecillas de la trama.
La
investigación, en la que participaron más de
300 agentes de la UDYCO, UdEF, Policía Científica, UIP, además de Vigilancia Marítima, Aduanas, Agencia Tributaria, Interpol de España y otros siete países, comenzó en 2010 cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió
diligencias centradas fundamentalmente en el polígono
Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".
Ese fue el
origen de la investigación del
delito fiscal, contrabando y
blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda. Según ña omvestigación, posteriormente, los detenidos blanqueaban el 'dinero negro' generado a través de dos
modus operandi: uno consistente en el transporte de
bolsas repletas de dinero en coches o trenes hasta China y otro basado en el blanqueo en paraísos fiscales mediante sociedades tapadera.
Según la
investigación judicial, el dinero que la red sacaba físicamente de España procedería principalmente del
contrabando y el
fraude fiscal, si bien en menor medida también tendría su origen en actividades de
crimen organizado vinculadas con delitos contra la
propiedad industrial e
intelectual y tráfico de seres humanos y de estupefacientes.
Los envíos de
dinero en efectivo se producirían cada mes o cada mes y medio, y en cada ocasión las cantidades oscilaban entre los cuatro y cinco millones de euros. Para sacar el dinero de España, la red utilizaba
furgonetas, en las que lo camuflaba entre
mercancía textil y que lo transportaban primero a Italia y, posteriormente, a Hungría.
Desde allí, el dinero se remitiría a China camuflado entre
remesas de emigrantes a través de gestoras de transferencias o sucursales bancarias. Otro de los métodos utilizados era remitir desde España a China grandes cantidades de dinero, en este caso escondidas entre
remesas de inmigrantes por medio de entidades de gestión de transferencias.
La red intentaba esquivar los controles contra el
blanqueo de capitales obteniendo numerosas
fotocopias de pasaportes, la mayoría falsos o manipulados, y realizaba los envíos a nombre de personas que figuraban en los mismos, sin que las cantidades remitidas superaran los tres mil euros al trimestre.
Las
conversaciones telefónicas intervenidas apuntan también a la existencia de delitos de
inmigración ilegal a través de matrimonios concertados entre chinos y españoles con el fin de conseguir permisos de residencia, así como fraudes a la Seguridad Social para obtener de forma fraudulenta la cobertura sanitaria.