Doce campanadas en la cárcel de Soto del Real. Así concluye 2012 para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que ha vivido un año plagado de condenas e imputaciones por diversas causas. La última de ellas, por la denominada 'operación Crucero', le llevó a esta prisión madrileña a principios de diciembre por un presunto delito de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes e insolvencia punible.
El año no comenzaba con buen pie para el expresidente de la patronal. En febrero, el juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz le imputaba a él y a su socio Gonzalo Pascual por una presunta
apropiación indebida por valor de
4,4 millones de euros procedentes del grupo Marsans.
La Fiscalía los acusaba de apropiarse de "las cantidades entregadas por los clientes para la
adquisición de billetes", un delito tipificado en el artículo 252 del Código Penal, y del
vaciamiento patrimonial de la empresa, en perjuicio de los acreedores de la compañía, cuyo concurso de acreedores lo tramita el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid.
En mayo, Díaz Ferrán y Pascual
eran condenados por el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid por la
quiebra de
Seguros Mercurio a
15 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos.
La sentencia, la primera dictada contra los antiguos propietarios de
Viajes Marsans, les condenaba a pagar parte del
pasivo contraído por la aseguradora con sus acreedores, un total de
15 millones de euros. De ellos, 12,1 millones deberían ser pagados por Díaz Ferrán y Pascual, 3,02 millones por el exconsejero delegado de la aseguradora
José Lorenzo Chacón y 419.996 euros por los otros cinco condenados.
Además, el juez condenaba solidariamente a la sociedad
Teinver -matriz del Grupo Marsans-, así como a las sociedades
Marsans y
Hotetur. Entre todas deberán pagar una cantidad total de
10,23 millones de euros, ya que a través de ellas se realizaron operaciones que contribuyeron al vaciamiento patrimonial de Seguros Mercurio.
Pero si en 2012 hubo un mes a olvidar para el exdueño de Marsans ese fue sin duda
diciembre. El mes comenzó con su
detención por un presunto delito de blanqueo de capitales y ocultación de bienes en el marco de la
'operación Crucero'. Junto a él se arrestaba también al actual propietario del grupo turístico y de Nueva Rumasa,
Ángel de Cabo. La operación parte de una querella de AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y Orizonia contra los antiguos propietarios de Marsans
Las hoteleras y operadores presentaron una querella contra De Cabo, Díaz Ferrán y su antiguo socio
Gonzalo Pascual -que falleció el pasado mes de junio- al entender que ocultaron bienes por valor de unos
45 millones de euros con el fin de evitar posibles embargos. Así, el auto del juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco relataba que los querellados no habrían destinado el dinero depositado por los clientes de Marsans a pagar a los mayoristas (las hoteleras y operadores denunciantes) que habían contratado los servicios.
El escrito indicaba que los denunciados supuestamente destinaron estos fondos "a otros
fines ajenos a la actividad del grupo, y ocultaron sus bienes mediante
ventas ficticias de sociedades patrimoniales y otros activos de Díaz Ferrán y Pascual a Posibilitum (la empresa De Cabo) y otras sociedades vinculadas a esta".
Mientras, los registros policiales efectuados en los domicilios de los acusados arrojaban
datos llamativos. La policía
encontró un kilo de oro y 150.000 euros en metálico en la casa de Díaz Ferrán,
400.000 euros en la vivienda de
Ángel de Cabo y más de un millón de euros, también en metálico, en el domicilio de otra de las detenidas,
Susana Mora, que ejercía como secretaria.
Con todos esos datos, el juez Velasco decretaba poco después el
ingreso en prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para el expresidente de la CEOE y de
50 millones, la fianza más alta de la historia, para el empresario valenciano, por la existencia de "
riesgo de fuga y elusión de la acción de la Justicia".
Las
causas se le acumulaban a Díaz Ferrán, que en la misma jornada que comparecía ante el juez
Velasco debía declarar también junto al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ante el titular del Juzgado Central de Instrucción, por la posible
concesión irregular de un crédito de 26,6 millones al empresario cuando era consejero de la entidad bancaria.
El titular del órgano judicial,
José Silva, les imputa indiciariamente delitos societarios, falsedad documental y estafa. Por ello, y nuevamente por la existencia de riesgo de fuga,
Silva retiraba a Ferrán el pasaporte para evitar una posible huida del país.
Desde allí, el expresidente de la CEOE era conducido en un
furgón de la Guardia Civil a la cárcel de
Soto del Real, donde permanece desde entonces.