En mayo conocíamos la noticia sobre una nueva inyección de capital por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria de una cuantía de hasta 10.000 millones de euros. Unos días más tarde, el Gobierno Español nacionalizaba el Banco Financiero y de Ahorros por lo que se hacía con el control de Bankia. Las obras sociales y culturales quedaron en una situación muy delicada y en peligro el patrimonio que les queda.
Rodrigo Rato
pasó el testigo del liderazgo de la entidad a José Ignacio Goirigolzarri. Lo anunció
poco después de conocerse que Bankia recibiría respaldo público por entre 7.000 y 10.000 millones de euros a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España. Una decisión que tomó justo el día en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró partidario de inyectar dinero público en algunas entidades con el objetivo de sanearlas. Se trataba en aquel momento de
la octava entidad en la que ha tenido que participar el Estado desde el inicio de la crisis.
En Bolsa, Bankia fue
acumulando sucesivas pérdidas a lo largo del mes de mayo
así como repuntes después de los mensajes lanzados a los clientes de la entidad tanto por su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, como por el Gobierno.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que Bankia necesitaría un saneamiento de entre 7.000 y 7.500 millones de euros
para cubrir las provisiones establecidas por el Gobierno en los dos últimos decretos de reforma del sistema financiero. Fue entonces cuando concretó que la entidad recibiría en forma de capital el préstamo por importe de 4.465 millones de euros, que se sumaron a la petición de 19.000 millones de euros de ayudas públicas que pidió el Grupo BFA-Bankia. Por tanto, el total de recursos que el Estado tendría que inyectar en la entidad
se elevaba a 23.465 millones.
Bankia detectó la necesidad de saneamientos adicionales en su cartera inmobiliaria de 4.000 millones de euros, en el resto de su cartera crediticia de 5.500 millones, así como minusvalías latentes de 6.700 millones de euros, principalmente en la cartera de participadas y los activos fiscales.
Proceso penal
Un juzgado de instrucción de Madrid abrió diligencias previas contra el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, y los expresidentes de Bankia, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, por la gestión de la entidad.
Según el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2, el juez concluyó que los hechos denunciados por Manos Limpias presentaban características que hacían presumir la
posible existencia de una infracción penal.
De esta forma, se abrió el primer paso para la apertura de un proceso penal por la gestión llevada a cabo en Bankia, que cerró 2011 con unas pérdidas de 2.979 millones de euros.
En el mes de julio, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, admitió a trámite la
querella presentada por Unión y Progreso y Democracia (UPyD) contra 33 exconsejeros de Bankia, entre los que se encuentraban el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y políticos del PP, PSOE e IU que formaban parte de la cúpula de la entidad.
Además de Rato, el juez imputó a Bankia y el Banco Financiero de Ahorros (BFA) como personas jurídicas y a otros 32 exconsejeros de la entidad, entre los que se encuentran José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y Banco de Valencia; Ángel Acebes, exministro del Interior, o Arturo Fernández, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).
Tras el verano la situación de Bankia no mejoró demasiado.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió cautelarmente la cotización de Bankia en los mercados bursátiles. Y la Comisión Europea, en noviembre, impuso una
reducción de tamaño de más del 60 por ciento a la banca nacionalizada (Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia) hasta 2017, lo que supuso recortar a la mitad su red de oficinas.
Esta es la condición que exigió Bruselas para autorizar una inyección de capital de 37.000 millones de euros del fondo de rescate de la UE (MEDE) con el fin de garantizar su viabilidad.
Bankia continuó en diciembre la senda en caída que había comenzó en mayo. Presentó a los sindicatos un borrador de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para afrontar las exigencias de Bruselas en su plan de reestructuración, en el que se contempló el despido de 5.000 empleados,
frente a las 6.000 personas a las que tendría que afectar el ajuste. Este plan también podría suponer el cierre de 1.100 oficinas. De esta manera, Bankia esperaría volver a tener ganancias en 2013, esperando alcanzar un beneficio neto de 1.200 millones de euros en 2015.