Spanair puso punto y final a sus veinticinco años de historia el pasado 27 de enero, cuando comunicó a Fomento el cese de todas sus operaciones por los graves problemas financieros que atravesaba. Tres días después, la dirección de la aerolínea ya había presentado un concurso de acreedores y anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 2.597 trabajadores, la plantilla al completo.
Las dificultades económicas de Spanair ya se habían materializado en dos EREs anteriores. El primero llegó en 2008, y afectó a 1.100 de los 3.800 trabajadores de todos los centros de la aerolínea. En marzo de 2011, la dirección reincidía y acordaba el
despido de parte del personal de tierra de Barajas.
La Fira de Barcelona (en la que participan el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la Cámara de Comercio) intentó garantizar la continuidad de la compañía con inyecciones de dinero público (en concreto, dos créditos de 25 millones de euros en 2010) que fueron insuficientes para remontar un pasivo de 474 millones de euros.
Dos años después, llegó el desenlace de una muerte anunciada. Spanair ‘cortó por lo sano’ y
cesó de forma abrupta su actividad el 27 de enero, dejando en los aeropuertos a
miles de pasajeros en pleno fin de semana. El lunes siguiente, el equipo directivo de la compañía, encabezado por su presidente, Ferrán Soriano, se reunía con los trabajadores para explicarles los motivos de la disolución y anunciaba un ERE de extinción para el conjunto de la plantilla.
932 auxiliares de vuelo, 395 pilotos, 325 trabajadores adscritos a servicios generales, 192 empleados de mantenimiento y 35 de almacenes. El ERE de Spanair no solo dejaba sin trabajo a más de 2.500 personas, sino también en un ‘limbo legal’ ya que, hasta que no llegara la resolución judicial que aprobaba la decisión, seguían estando oficialmente empleados por la aerolínea. Eso, pese a que la situación financiera de la empresa concursada no les permitía percibir su salario. En definitiva, ni cobraban ni podían acceder a otro trabajo o percibir la prestación por desempleo.
Así el panorama, las protestas no tardaron en llegar. En Madrid, unos trescientos empleados llegaron a
cortar el Paseo de la Castellana antes de entregarle un manifiesto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el que le instaban a “reconducir” la situación creada por el cese de la actividad de la línea aérea y posibilitar así la “recolocación” de los trabajadores.
No obstante, la tramitación del ERE de Spanair fue bastante rápida. Tras un mes de negociaciones, los sindicatos terminaron por firmar el expediente el 22 de febrero. Lo rubricaron los representantes de todos los sindicatos salvo los pilotos representados por el Sepla. El acuerdo formalizaba el despido de 2.597 trabajadores directos cinco semanas después de la quiebra de la aerolínea.
Por último,
llegó el ‘visto bueno’ judicial. El Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona aprobó el ERE de Spanair a finales de febrero (casi un mes antes de lo previsto), tras el acuerdo alcanzado entre la plantilla y la administración concursal de la aerolínea y el informe emitido por la autoridad laboral.
El auto del juez establecía indemnizaciones para los extrabajadores de 20 días por año con un tope de 12 mensualidades. La administración se comprometió, además, a abonarles un importe igual al doble del salario mínimo interprofesional para la nómina de enero y el importe completo para la de febrero, aunque los afectados deberían reclamar estos pagos al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), dado que la compañía no disponía de activos.
El documento también autorizaba a los propietarios de los aviones que operaban para Spanair a
recuperar sus naves. Se quedaba sin flota una aerolínea que llegó a facturar más de mil millones de euros anuales. Spanair era ya historia de la aviación comercial española.