La Comunidad de Madrid derogó el decreto regional sobre protección acústica por existir ya una normativa nacional. Ecologistas en Acción aseguró que se perdía protección y que es una concesión a Eurovegas. El Gobierno regional alegó que "se ajusta más a la realidad".
El 15 de marzo,
el Gobierno regional derogó el Decreto 78/1999 sobre protección acústica "por economía procesal, por eficiencia, por agilidad de la tramitación y evitar ese farragoso mundo de normas, normas y normas", al existir una ley estatal del ruido desde 2007.
Esta es menos exigente que la norma regional. La Comunidad asegura que "establece unos límites de ruido más ajustados a la realidad" madrileña.
Los principales cambios que se produjeron son
un aumento del ruido permitido en zonas urbanas, sobre todo en periodo nocturno (cinco decibelios más), y la eliminación de toda protección en espacios naturales y las zonas afectadas por infraestructuras del transporte. Ecologistas en Acción llamó la atención sobre el hecho de que solo se aumentó la protección en suelo industrial en horario nocturno. "Esta situación se contradice con los argumentos que esgrimió el Gobierno regional al afirmar que la nueva situación favorecería la implantación de actividades económicas", indicaron los ecologistas.
El Gobierno regional, no obstante, mantuvo que "en ningún caso implica una menor protección para el ciudadano frente a la contaminación acústica, sino que, al contrario, se implantan sistemas de medición más modernos y más ajustados a la realidad social de estos momentos".
Eurovegas
La portavoz de Ecologistas en Acción, Ángeles Nieto, indicó que estos cambios buscaban favorecer la implantación de Eurovegas en cualquier municipio de Madrid, pero, sobre todo,
en los terrenos de El Molar que también fueron ofrecidos al empresario Adelson y que no son urbanizables por una sentencia judicial a causa de, precisamente, la contaminación acústica producida por el aeropuerto de Barajas.
La ley estatal es de aplicación directa en los municipios sin ordenanza específica. En los que sí tienen, estas suelen estar basadas en el decreto regional, por lo que la derogación del decreto abrió la puerta a modificaciones en estas localidades.