La diputada regional popular Cristina Cifuentes fue nombrada en enero delegada del Gobierno en Madrid. Desde entonces, su presencia en los medios de comunicación, opinando sobre todo, ha cambiado el perfil de un puesto que desde hacía años estaba sumido en el ostracismo.
Hasta
el 13 de enero de 2012, Cristina Cifuentes, era conocida como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y, sobre todo, por su omnipresencia en las redes sociales. En ese ámbito era reconocida como una de las referencias del Partido Popular. Desde el principio, contó con el apoyo de todos. Con Esperanza Aguirre y Ana Botella completó el trío de damas que controlaban la política en Madrid.
Para evitar caer en los errores de sus predecesores, tomó una actitud activa en los medios que no se iba a ceñir solo a la seguridad, principal responsabilidad de la Delegación del Gobierno en Madrid. En estas circunstancias, el convulso 2012 ayudó a catapultar su imagen, aunque, a veces, lo hizo a su pesar. Para empezar, se reunió con joyeros, policías, asociaciones de vecinos, sindicatos, prostitutas y jueces, dando luz y taquígrafos a una labor que antes pasaba desapercibida a la opinión pública. Lideró
la desaparición de las redadas indiscriminadas a inmigrantes, defendió la labor del CIE de Aluche e hizo
un plan de convivencia en Lavapiés para reducir la delincuencia.
Pero esta
actitud abierta no significó menos firmeza. Comenzó respondiendo con antidisturbios al movimiento 'Yo no pago', con identificaciones de los manifestantes del 15-M al no comunicar sus asambleas y con
prohibición a la procesión atea en Jueves Santo. Eso sí, criticó la actuación de su homóloga en Valencia ante el movimiento estudiantil 'Primavera Valenciana'. También en su partido puso nuevos puntos sobre algunas íes. Se declaró republicana y atea. Pidió que se sustituyese el término 'humanismo cristiano' por 'humanismo europeo' entre los valores del PP, así como la actual legislación del matrimonio entre homosexuales.
Su hiperactividad desconcertó a propios y extraños, pero le granjeó una influencia desconocida hasta el momento para una delegada del Gobierno en Madrid. Y en el momento álgido de su popularidad, comenzaron los problemas. La crispación en la calle le obligó a mantener algunos pulsos complicados. Aunque se mostró dispuesta al
diálogo con el 15-M e incluso les llegó a ofrecer
acampar en la Casa de Campo, tuvo que hacer equilibrismos para evitar una nueva toma de la plaza sin sufrir un profundo desgaste político. Buscaba el punto medio entre la mano blanda y la mano dura. Entre el 12 y el 15 de marzo, autorizó
cuatro reuniones con un horario marcado para permitir el derecho de reunión e impedir a su vez una asamblea ininterrumpida de cuatro días de duración, que el Gobierno interpretó como el germen de una nueva acampada. Finalmente, hubo
despliegue policial sin cargas.
Las manifestaciones contra los recortes crecieron. Incluso ella fue acorralada junto a la sede del PP por manifestantes que la increparon. También se intensificaron los despliegues policiales. Hubo cargas y detenciones
el 19-J, fecha en la que
los bomberos se enfrentaron a la Policía. También contra los mineros, en cuya manifestación resultó
herido un fotógrafo de Madridiario por los golpes de un antidisturbios y, aunque la Delegación anunció que abría
investigación sobre el suceso, este periódico digital nunca supo de sus conclusiones.
Evitó que las manifestaciones cortasen el tráfico varias veces a la semana y
elaboró una lista de antisistema. Pero fue contra el movimiento 'Toma el Congreso' contra el que puso toda la carne en el asador. El 25 de septiembre
ordenó cargar a los antidisturbios para evitar la entrada de los manifestantes en el Parlamento.
Ante tales enfrentamientos, propuso
modular el derecho de manifestación "para racionalizar el uso del espacio público" para racionalizar el uso del espacio público, idea que fue descartada hasta por el
ministerio de Interior.