Miércoles 28 de noviembre de 2012
El decreto Ley que el Gobierno ha enviado al Parlamento en relación con las Hipotecas y los desahucios ha vuelto a defraudar a los afectados por los mismos.
El primer punto de desacuerdo es que no aborda el problema en profundidad, establece una moratoria que no es otra cosa que retrasar el problema.
No entra a resolver el problema de fondo que no es otro que LA DEUDA, es decir, la deuda sigue existiendo una vez que finalice la moratoria.
Desde UGT Madrid, consideramos primordial el cambio legislativo que entre a regular la dación en pago y termine con la duda una vez entregada la vivienda. Por tanto, debiera haberse entrado a modificar la legislación Hipotecaria, además limitando el número de años para liquidar la hipoteca, de este modo se evitaría una nueva posible burbuja inmobiliaria.
El RD del Gobierno, deja en el aire los criterios para los que puedan acogerse a la moratoria. Limita los beneficiarios, no sólo hay que ser pobre sino parecerlo, a modo de ejemplo diremos que es necesario no cobrar mas de 1.600 €/mes, ser familia numerosa, tener un menor de 3 años viviendo en la casa, discapacitados (no menciona el grado de discapacidad), enfermedad grave (tampoco se dice que enfermedades, ni quien evalúa la misma) a lo que hay que añadir que no es a todos, sólo a los que hayan agotado la prestación por desempleo.
Se produce, desde el punto de vista de UGT Madrid, una desigualdad evidente, puesto que mientras las empresas sí tienen reconocida la dación en pago, los particulares y las familias han de cabalgar toda su vida con la hipoteca a cuestas.
En consecuencia, UGT Madrid considera que este RD es una forma de salvar la cara a la Banca puesto que se han seguido los criterios ordenados por la misma e inspirados desde Bruselas, pretenden que los Bancos pasen de ser los malos de la película a ser los buenos con una moratoria trampa.
UGT Madrid sigue apostando por una reforma en profundidad de la Ley Hipotecaria, que trate de la misma manera a empresarios, trabajadores y familias, regulando la DACIÓN EN PAGO como fórmula para terminar la deuda de quien no pueda pagar.
Al mismo tiempo exigimos que las viviendas sin vender de los bancos nacionalizados pasen a constituir un parque de vivienda pública en alquiler.
Con las limitaciones del RD parece imposible que el problema, no ya se resuelva, sino que se atenúe, puesto que lo que va a conseguir es retrasar el problema dos años a los posibles beneficiarios.
Esta solución va a producir los mismos efectos que el código de buenas prácticas que lo único que ha supuesto ha sido un lavado de cara del ejecutivo, puesto que las personas a las que abarca esta medida son mínimas, al igual que ocurrirá con el Real Decreto que nos presenta el Gobierno.
Ana Sánchez de la Coba
Secretaria de Políticas Sociales de UGT-Madrid
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