Los abogados madrileños se levantan contra Gallardón por la Ley de Tasas Judiciales

La abogacía de Madrid se ha levantado contra el ministro de Justicia por la Ley de Tasas Judiciales. Consideran que la norma merma el derecho al acceso a los tribunales y que consagra "una justicia para ricos y otra para pobres".

Más de 150 abogados madrileños se han concentrado este lunes en los Juzgados ordinarios de Plaza de Castilla para denunciar la pretensión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de recortar el derecho de acceso a los tribunales con la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales, que este martes será aprobada en el Senado, y han amenazado con que si se aprueba llevarán la Ley a la Unión Europea y al Tribunal Constitucional a través del Defensor del Pueblo.

Encabezados por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, el decano de los abogados madrileños, Antonio Hernándel-Gil y el juez decano de Madrid, José Luis Armengol, los concentrados se han apostado en la entrada de los juzgados ordinarios de la capital portando una pancarta que rezaba: "Los abogados, en defensa de los ciudadanos, contra las tasas judiciales".

La protesta se ha realizado en sintonía con otras concentraciones que han tenido lugar en toda España. Bajo los gritos de consignas de "Gallardón, dimisión" o "No a las tasas, justicia para todos", Carnicer ha leído un manifiesto suscrito por los abogados en el que se alerta de que esta ley merma el derecho de acceso a los tribunales y avisan de que, si se aprueba, acudirán al Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 24.

En el manifiesto se denuncia que la aplicación de tasas judiciales supondría recortar el acceso de los ciudadanos a la Justicia al considerar que consagra "una justicia para ricos y otra para pobres". Por ello, se exige la inmediata retirada del proyecto y plantean que se alcance un Pacto de Estado en el que participen todos los colectivos implicados.

Así, reclaman que se proteja la independencia de los jueces, la autonomía de la Fiscalía y la libertad de los abogados. En esta línea, solicitan a Gallardón modificaciones pertinentes para superar "los actuales errores, fraudes y abusos que se cometen a diario en el ámbito judicial".

"Queremos que esta Ley se retire por su inoportunidad en este momento de crisis económica. No se pueden establecer tasas que no puedan abonar la inmensa mayoría de los ciudadanos", ha destacado Carnicer.

Al Constitucional
Por otro lado, Carnicer ha criticado la celeridad de la tramitación parlamentaria de esta norma, que mañana pasará a la Comisión del Senado para su aprobación. Si se aprueba, el CGAE pedirá a los competentes plantear una cuestión de inconstitucional como al Defensor del Pueblo, a 50 diputados o al juez directamente cuando se plantea dentro de un proceso.

Tampoco ha descartado elevar esta cuestión a la Unión Europea para comprobar si es conforme o no al derecho europeo. "En otros países hay tasas pero tienen una regulación muy diferente. Tenemos una constitución que pone por encima los derechos constitucionales de las personas", ha señalado.

"Estas tasas son absolutamente desorbitadas. Tenemos esperanza de que den marcha atrás. Si no lo hacen es porque no conocen la realidad social", ha reseñado.