MDO/E.P. | Lunes 29 de octubre de 2012
Tres viviendas unifamiliares levantadas "ilegalmente" sobre suelo rústico no urbanizable, en el punto kilométrico 15,500 de la carretera M-203, han sido derribadas después de que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares iniciase la denuncia y el expediente en el año 2006, según ha informado el Consistorio de la localidad en un comunicado.
Además, el juzgado número 1 de lo penal de Alcalá de Henares, a instancias de la denuncia inicial del Ayuntamiento de San Fernando, determinó un delito contra la ordenación del territorio y el derribo y desescombro inmediato de estas tres viviendas, situadas en el polígono catastral número 9.
El Consistorio ha explicado que la superficie afectada tiene casi 2.500 metros cuadrados, sobre los que se habían edificado de "manera ilegal" tres viviendas unifamiliares con parcela propia.
El terreno, dentro del Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares, está calificado como suelo rústico no urbanizable, y ya en el año 2006, el propio Ayuntamiento de la localidad (a través de la Concejalía de Urbanismo) inicio el expediente sancionador y la denuncia correspondiente en los juzgados.
La implicación del juez en este asunto ha hecho posible que se notifique ahora el delito contra la ordenación del territorio, obligando el auto al derribo y desescombro de la zona afectada, para que esa parcela quede en su estado original.
Este lunes era el último día para ejecutar la sentencia, y han sido los propios propietarios quienes desde este fin de semana han realizado las obras de derribo de las construcciones ilegales, e incluso el inicio del desescombro en algunas zonas.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha recordado que ha conseguido erradicar en los últimos años construcciones e instalaciones "ilegales" levantadas en zonas anexas al río Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste e incluso también en el entorno de la carretera M-203.
La concejala de Urbanismo e Industria, Laura Bedoya, ha señalado este lunes que desde su Concejalía siempre han denunciado los delitos contra la ordenación del territorio de las construcciones ilegales sobre suelo rústico no urbanizable.
"Hay que tener en cuenta que nuestro término municipal es muy extenso, casi 40 kilómetros cuadrados en total para una población que apenas llega a los 41.000 vecinos, y que además tiene el núcleo urbano muy concentrado. Esto nos obliga a controlar mucho los temas de disciplina urbanística", ha apuntado Bedoya.