Las comunidades autónomas podrán suprimir o privatizar en parte o en su totalidad la gestión de las televisiones autonómicas a partir de este sábado, con la entrada en vigor de la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La Comunidad ya ha avanzado su intención de privatizar Telemadrid.
La reforma fue enviada a las Cortes a finales de abril y ha sido tramitada por el trámite de urgencia. Los grupos de la oposición se han quejado de que la reforma supone una invasión en las competencias autonómicas, mientras que el PP ha negado este extremo y ha defendido la necesidad de la medida para reducir la deuda de las autonomías.
La nueva ley
permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada.
En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".
Hasta el momento, la
Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma del régimen de gestión de las televisiones autonómicas aprobada por el Gobierno para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus televisiones públicas, mientras que
otras comunidades, como Aragón y Canarias, ya tienen 'de facto' algunos de los servicios de sus cadenas subcontratados a empresas privadas.
Prohibida la pornografía y la violencia gratuita
Durante su paso por el Senado, se llegó a un acuerdo por unanimidad para incorporar al texto una mención expresa a la prohibición de emitir en abierto pornografía y violencia gratuita.
La enmienda, que cambia el artículo 7.2 de la Ley Audiovisual, establece que "está prohibida la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y en particular, la de aquellos programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita".
Pérdidas económicas
Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, que supusieron un coste neto -con la compensación de los ingresos publicitarios- para cada hogar español de 152 euros, un 5,6 por ciento más que el año anterior. Los datos proceden de un
informe económico sobre la televisión pública
elaborado por Deloitte a petición de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).
Por su parte, el secretario general de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Enrique Laucirica, ha afirmado que las televisiones autonómicas suponen, de promedio, exclusivamente el 0,5 por ciento de los presupuestos de las comunidades autónomas.