MDO | Miércoles 18 de julio de 2012
Greenpeace ha instalado una playa privada frente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con han denunciado "la filosofía del anteproyecto de la nueva Ley de Costas". Los activistas han sido desalojados por la policía.
Con esta acción pacífica la organización ecologista pretende denunciar una propuesta que "derroca las garantías de protección ambiental actuales ya que amnistía las ilegalidades urbanísticas, a la carta, y privatiza varios tramos de la costa española".
Más de treinta de activistas han convertido la plaza San Juan de la Cruz, frente a la puerta principal del ministerio) en una pequeña playa privada de lujo, para lo que han utilizado una tonelada y media de arena, y han desplegado pancartas que reclaman el uso público de la playa y un "No a la reforma de la Ley de Costas". También han puesto signos de interrogación al nombre de'Ministerio de Medio Ambiente' en la puerta principal del edificio. La protesta ha terminado con el desalojo de la policía.
"En este anteproyecto de ley se renuncia a la protección ambiental, no incorpora términos como biodiversidad o espacios naturales protegidos, solo habla de obras, instalaciones, usos y autorizaciones, y cede un terreno de alto valor ambiental y social a la especulación, otorgando suelo público a concesiones privadas que van más allá del año 2100. No existe ni una sola medida de protección del litoral", ha subrayado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace.
Exclusión de zonas
Las asociación ecologista pide que se retire el anteproyecto de ley, "con el paradójico nombre, de Protección y Uso Sostenible del Litoral, debido a que no supone una mayor protección porque excluye hábitats como las dunas muertas y con vegetación, hasta ahora protegidas, y limita la definición de marismas a las que tienen mareas, lo que excluye a las del Mediterráneo". También "desafecta y privatiza" las salinas, como las del Delta del Ebro o Torrevieja.
Por lo que se refiere a todas las concesiones, "su extensión hasta los 75 años es, en la práctica, otorgarlas para siempre, ya que el Estado pierde toda la capacidad de control sobre ellas" y "encarece extraordinariamente, y de forma absolutamente injustificada, el coste que representa para el Estado la posibilidad de rescatar o expropiar dichas concesiones, lo que por tanto impide la recuperación del litoral", asegura Greenpeace.
La asociación advierte de que la desafectación de determinados núcleos urbanos va a generar la reclamación de todos los no contemplados en la ley y de todas aquellas personas que a lo largo de estos 25 años se les han demolido sus viviendas o negocios. Además, obliga a revisar todos los deslindes de la costa española, que se han trazado durante las últimas décadas con un coste de millones de euros. En definitiva, "genera una inmensa inseguridad jurídica, un gasto innecesario y un caos de gestión administrativa".