MDO/E.P. | Martes 17 de julio de 2012
ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo denunciarán en la Comisión Europea el deterioro que sufre el río Tajuña por la invasión y transformación de sus riberas a su paso por el municipio de Carabaña, ante la "pasividad" de la Comunidad y la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Según han señalado estas organizaciones en un comunicado, se ha vallado un tramo del Tajuña en el municipio de Carabaña, se ha arrasado el bosque de ribera, se han construido escolleras y se ha ajardinado el Dominio Público Hidráulico (DPH). Además, la finca situada aguas arriba también está vallada, se ha ajardinado el DPH y se ha desviado el río, llegando en algunos casos a producir la desecación del río en un tramo de 300 metros.
Los ecologistas han explicado que la Ley de Aguas establece una franja a lo largo de todos los ríos españoles, de cinco metros de ancho, a cada lado del cauce que es DPH o zona de servidumbre. En el DPH no se puede hacer ninguna transformación, salvo actuaciones excepcionales autorizadas previamente por la confederación hidrográfica competente (en el caso de la Comunidad de Madrid, la Confederación Hidrográfica del Tajo, CHT). "Esta franja es de libre acceso para todos lo ciudadanos y no puede ser propiedad privada", han indicado las asociaciones.
Por ello, los hechos serán denunciados ante la Comisión Europea, "poniendo de manifiesto la pasividad de las autoridades españolas para defender la legalidad y la protección de un espacio Red Natura" y solicitando la restitución de las márgenes del Tajuña a su estado original y que se devuelva el río al pueblo, permitiéndose el libre acceso por las orillas.
El río Tajuña, al este de la región, desemboca en el río Jarama y tanto el cauce como las riberas, en una anchura de 100 metros a ambos lados, están incluidos en la Red Natura, un conjunto de espacios naturales a nivel europeo que se han agrupado con la intención de salvaguardar los valores naturales de cada Estado miembro.
Las organizaciones ecologistas tienen constancia de que los hechos han sido denunciados reiteradamente por el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, sin que hasta la fecha se haya tomado medida alguna.