MDO/Efe | Lunes 23 de abril de 2012
La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir de mañana al exalcalde de la localidad madrileña de Chapinería José Luis González Robles, del PP, por adoptar presuntamente acuerdos ilegales en beneficio de sus intereses políticos y familiares entre 2003 y 2007. El escrito provisional del fiscal pide para González Robles, -acusado de dos delitos de prevaricación, uno de ellos continuado-, una pena de diez años de inhabilitación para cargo público, un año de suspensión de empleo y el pago de una multa de 2.100 euros.
Junto al exalcalde popular se sentarán en el banquillo de los acusados cuatro exconcejales durante su etapa en el Consistorio -José Hernández Botello, Jenaro Hernández Hernández, Teresa Lumbreras Pacheco y Ángel Cob Botello-, que afrontan también diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
El ministerio fiscal recuerda que en el Pleno del Ayuntamiento de febrero de 2006 los acusados acordaron encargar la elaboración de un estudio previo de incidencia ambiental para el Plan de Ordenación Urbana a la consultoría Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental, pese a los informes desfavorables del interventor de la Corporación y sin que existiera partida presupuestaria para autorizar el gasto.
Además, González Robles acordó, en diciembre de 2006, la contratación temporal de una sobrina suya como auxiliar administrativa para cubrir una excedencia, a pesar de que el interventor municipal le advirtió de que ello contravenía la legislación vigente. El exalcalde, según el escrito de calificación del fiscal, también ordenó el abono de facturas por importe de 7.508 y 5.104 euros a la empresa Electricidad Corbacho sin existir consignación presupuestaria ya que se referían a trabajos efectuados en un edificio que no era propiedad municipal.
El fiscal señala además que se pagaron 1.500 euros a una asociación juvenil sin que hubiera una factura de por medio, y fue concedida una licencia urbanística a un vecino para "actualización de vivienda unifamiliar" pese a que dicho proyecto contravenía las ordenanzas de edificabilidad. Asimismo, los procesados, "actuando de común acuerdo", según el ministerio fiscal, aprobaron el pago de otras facturas de miles de euros a pesar de que no había consignación presupuestaria para ninguna de ellas.