MDO | Viernes 23 de marzo de 2012
Un matrimonio mayor de Alcobendas ha sido desahuciado de su vivienda este viernes por una orden judicial, después de que la semana pasada, la presión social lograra evitar que la familia perdiera su vivienda pese a la existencia de esta orden.
El desalojo se ha producido en torno a las 9.30 horas de este viernes cuando dos furgones de Policía y más de una treintena de efectivos han impedido la entrada tanto de los responsables políticos como de la prensa al número 22 de la Avenida Pablo Iglesias, piso donde vivía la familia. Más de 30 personas del colectivo Stop Desahucios se han agolpado en la entrada de la urbanización portando carteles de protesta. Los portavoces de UPyD, José Caballero, y de IU, María Benito, también han acudido a las puertas de la vivienda.
Amalia y Joaquín, de 61 y 75 años, se quedarán de forma provisional en un hostal que ha dispuesto el Ayuntamiento de Alcobendas para la familia, que después será reubicada en otra vivienda. Sin embargo, una de sus hijas, Eva, ha criticado la labor de los Servicios Sociales de la localidad y ha aseverado que ante esta situación "estamos como si estuviésemos en la calle". Además se ha quejado de que nadie del ayuntamiento haya estado presente durante el desahucio.
Por su parte, fuentes municipales han apuntado que "el Ayuntamiento de Alcobendas conoce a la familia y su situación y que ha intentado, por las vías oficiales, parar la ejecutoria judicial promovida por el IVIMA con la presentación de ciertos documentos, algo que al final no ha sido posible". No obstante, han señalado que "ante el desahucio, el Ayuntamiento tiene en marcha un protocolo de atención a la familia y que ha asumido, fuera de sus competencias, una serie de actuaciones de las que ha informado puntualmente a la familia".
En cuanto a las críticas por no haberse personado en la casa ninguna persona de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcobendas, esas fuentes han señalado que "el personal municipal de bienestar social trabaja en este y en otros casos de emergencia social sin que este Ayuntamiento haya hecho de ello ningún tipo de comunicación oficial por respeto siempre a la intimidad de las personas que son atendidas". "Ningún trabajador municipal puede asumir personarse para dificultar la acción judicial y además todo está previamente hablado con la familia", han puntualizado.
La familia llegó a esta situación tras dejar de pagar el alquiler de la vivienda en 2005 por una subida de 60 a 300 euros a la que, según ellos, no podían hacerle frente. Joaquín sólo cobra una pensión no contributiva y su mujer una ayuda por desempleo. Después de reclamar, el IVIMA les explicó que para reducir el alquiler debían acreditar su difícil situación económica, algo que tampoco pudieron costear.
Tras meses de impago, la familia ha asegurado que llegó a un acuerdo con la institución para poder pagar lo que debían y han hecho efectivo un depósito, aunque la situación no ha solucionado. A finales del 2009, el IVIMA recibió una demanda judicial para llevar a cabo el desahucio. Según el matrimonio, nunca recibieron la cita para ese juicio ni les hicieron llegar la sentencia y se sienten estafados.
Por su parte, el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) ha afirmado que se trata de una sentencia judicial y que la decisión la han tomado los tribunales de justicia debido a que esta familia lleva cinco años de impagos por más de 19 millones de euros. IVIMA ha declarado que "se han incumplido dos compromisos de pago por parte de la familia, uno de ellos de 35 euros al mes". Además, ha afirmado que no es una inmobiliaria, sino que se trata de un "instituto social que ofrece distintas posibilidades según las condiciones de los inquilinos", y ha afirmado que han bajado el alquiler de alrededor de 5.000 familias a 50 euros al mes para adecuarse a sus condiciones.