MDO/E.P. | Jueves 15 de marzo de 2012
Los ayuntamientos tienen hasta este jueves para informar a Hacienda de sus facturas pendientes con los proveedores. Además, tendrán que presentar un plan de viabilidad que les permita hacer frente a las deudas futuras.
Los ayuntamientos tienen de plazo hasta este jueves para presentar ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las deudas pendientes con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011. Además del listado de facturas, también deberán remitir antes del 31 de marzo un plan de viabilidad que les permita hacer frente en el futuro al pago de las deudas "para que no se repita esta situación".
Así arranca el plan aprobado por el Gobierno consistente en un mecanismo de créditos para que las corporaciones locales puedan hacer frente a sus pagos. En total, comunidades autónomas y ayuntamientos, recibirán en torno a 35.000 millones de euros en un préstamo sindicado a diez años y a un interés cercano al 5 por ciento para pagar a sus proveedores, con un periodo de carencia de dos años.
Para ello, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la creación del fondo que canalizará el crédito sindicado bancario avalado por el Tesoro Público que, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de los ayuntamientos.
Con este mecanismo, en el que participarán prácticamente todos los bancos españoles -entre los que se incluirá también el Instituto de Crédito Oficial (ICO)- el Gobierno espera que los proveedores puedan empezar a cobrar las facturas que tienen pendientes las corporaciones locales a partir del mes de mayo.
Cristobal Montoro explicó además la semana pasada, después de reunirse con representantes de los ayuntamientos en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que el criterio que primará a la hora de pagar las facturas será la antigüedad de las mismas y no la posibilidad de que los proveedores acepten una quita
El Congreso respalda la medida
El Pleno del Congreso de los Diputados ha respaldado ampliamente este jueves la modificación de la ley orgánica complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. PP, PSOE y CiU han votado a favor de esta medida, mientras que UPyD e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se han abstenido.
El cambio normativo garantiza que "la administración del Estado pueda prestar las oportunas garantías" para el mecanismo de pago a proveedores sin que, de forma puntual y extraordinaria, "le sean aplicables las actuales limitaciones".
Además, gracias a una enmienda del PP, las administraciones podrán presentar ante este mecanismo no sólo las facturas de contratos de obra, servicio y suministro, sino también las de conciertos en materia de sanidad, educación y servicios sociales, así como a todos los servicios incluidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
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