La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado dos años y cuatro meses de prisión para el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán y su socio en el grupo Marsans, Gonzalo Pascual, por presuntos delitos fiscales en la compra de Aerolíneas Argentinas en 2002.
De esta forma, la Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral contra ambos acusados y para el ex consejero delegado de Air Comet y ex presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, para el se solicita la misma pena de cárcel. El fiscal ha solicitado que los tres acusados paguen un multa conjunta de 99,04 millones de euros por impago del Impuesto de Sociedades de 2002, derivado de la operación de compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet y Viajes Marsans.
Se trata del primer juicio penal que afrontan el expresidente de la patronal y su antiguo socio por la gestión de sus empresas. Ambos declararon esta semana ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz por presunta
apropiación indebida de 4,4 millones de euros procedentes de las reservas de viajes de los clientes de grupo Marsans. Esta operación se realizó a través de las sociedades Air Comet y Segetur, cuyo representante era el también acusado Mata, Transportes de Cercanías, representada por Díaz Ferrán, y Autobuses Urbanos del Sur (Busursa), a cargo de Pascual. La Fiscalía considera a estas tres empresas responsables civiles del delito fiscal.
En noviembre de 2000, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se hizo con el 99,2% de las acciones de Interinvest, sociedad domiciliada en Argentina, propietaria, a su vez, del 92,10% del capital de Aerolíneas Argentinas y del 90% de Austral, compañía aérea doméstica. El 2 de noviembre de 2001, la SEPI vendió sus acciones en Interinvest a Air Comet por el precio de un dólar estadounidense. El contrato fue firmado por el entonces presidente de la SEPI, Ignacio Ruz-Jarabo y por los tres acusados en nombre de Air Comet y las otras dos sociedades también accionistas de la aerolínea española.
En la novena estipulación del contrato de venta, la SEPI asumía los pasivos de 300 millones de dólares (228,86 millones de euros) contraídos por Aerolíneas Argentinas y Austral. La sociedad estatal aportó dicha cantidad en una cuenta de la sociedad Interinvest para el pago de las deudas. Con este dinero, los tres socios de Air Comet pagaron deudas por valor de 272,87 millones de dólares (207,357 millones de euros), créditos que cedieron a Air Comet con el compromiso de aportarlos posteriormente al capital social de Aerolíneas Argentinas. Esta operación hizo que el dinero aportado por la SEPI a la compañía española se considerara beneficio, por el que los acusados debían de haber declarado una cuota de 99,04 millones de euros de Impuesto de Sociedades.
Además de este juicio, Díaz Ferrán y su socio en el grupo Marsans se negaron al cierre ordenado la compañía turística dos meses antes de que esta
quebrara el 10 de junio de 2010. Con su negativa provocaron que 100.000 viajeros se vieran afectados. Según un 'e-mail' enviado el 30 de abril de 2010, 11 miembros del Comité Ejecutivo de Gestión de Marsans advirtieron que la situación "había sobrepasado todos los límites inimaginables" y recomendaron "el cierre ordenado para salvar la situación de 60.000 clientes".
Este correo electrónico ha sido ratificado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional, por el entonces subdirector general de Viajes Marsans, Vicente Muñoz, en su declaración como testigo en la causa que investiga a los dueños del grupo Marsans y a la sociedad Possibilitum Business por un presunto delito de apropiación indebida de 4,4 millones de euros procedentes de las reservas de los clientes. Muñoz ha confirmado que existían "clientes tirados en USA, Tailandia, China, Cuba, Argentina, Perú, México, Japón y diferentes destinos europeos y nacionales". Esta situación afectaba a Viajes Marsans y a las cuatro filiales del grupo (Tiempo Libre, Rural Tours, Viajes Crisol y Mundicolor).
Además, los directivos advirtieron que las oficinas del grupo Marsans estaban "llenas de clientes reclamando su documentación y/o su dinero" y que, al no poder atender sus exigencias, se estaban produciendo situaciones muy graves y que los empleados tenían miedo de ir a la oficina". Según Muñoz, la negativa de los dueños de la compañía a recibirlos tras su advertencia por correo electrónico provocó la "dimisión en bloque" de los 11 directivos del Comité Ejecutivo de Gestión entre el 30 de abril y el 3 de mayo de 2010.
Además, Muñoz relató cómo el 3 de mayo de 2010, Díaz Férran y Pascual comunicaron a todos los directivos del grupo Marsans que desde ese momento, "todas las decisiones tenían que ser comunicadas al administrador de Possibilitum Business, Iván Losada. Los dueños de Marsans no comunicaron la venta de la compañía turística a esta sociedad hasta el 10 de junio de 2010". Muñoz señaló que fue suspendido de empleo y sueldo por Losada el 19 de julio de 2010, y posteriormente despedido, después de que ordenara sin su consentimiento pagar las nóminas de mayo a los trabajadores del dinero que encontró en una cuenta en el Banco Pastor.
Fuentes jurídicas cercanas a las defensas de los imputados, aseguraron que Muñoz fue despedido porque su puesto de trabajo se quedó sin contenido y que no realizaba labor alguna en la compañía turística. Por otro lado, las mismas fuentes aseguraron que todo el dinero de las reservas de los clientes fue destinado a pagar deudas del grupo Marsans y destacaron que no existe ningún cliente perjudicado que se haya personado en la causa.
En su querella, el fiscal ha mantenido que entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2010, el grupo Marsans formalizó reservas que dieron lugar a 7.560 depósitos de clientes, de los que 4.706 no han sido devueltos a los clientes. Además, la sociedad patrimonial, Teinver, que ostentaba la propiedad de las empresas del grupo Marsans, tiene una deuda de 259 millones de euros procedentes de las empresas. Viajes Marsans quebró en junio de 2010, dejando un déficit patrimonial de 271 millones de euros (373 millones si se tienen en cuenta sus filiales), ya que cuenta con un pasivo de 552 millones, frente a un activo de 281 millones de euros.