MDO/E.P. | Viernes 02 de marzo de 2012
Dos familias amenazadas de desahucios por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) podrán pagar el piso social en la que viven según los ingresos que tengan, tras haberse encerrado este viernes en la sede del Ivima.
El acuerdo se ha producido durante la tarde de este viernes después de que Velázquez y otro miembro de la PAH, acompañados por tres miembros de las dos familias afectadas se encerraran durante cinco horas en la sede del Ivima, en el número 23 de la calle de la Basílica de Madrid, ante el "incumplimiento" de los acuerdos alcanzados con su gerente, Juan Van Halen.
Los diputados de IU Carmen Villares y Mauricio Valiente han acudido a la sede del Ivima para mostrar su apoyo a los encerrados, que han permanecido en la sede del insituto de vivienda desde el mediodía hasta las cinco de la tarde de este viernes, hora a la que han decidido levantar el encierro tras alcanzar un acuerdo con responsables del Ivima y conseguir un compromiso para una reunión el próximo lunes.
El encierro
Según ha explicado la Plataforma, desde hace semanas, la PAH había abierto una línea de negociación con Ivima para valorar varios casos de desahucio. Tras varias reuniones con los responsables, incluido el gerente Juan Van Halen, se llegó al acuerdo de analizar estos casos para impedir que estas personas se vieran abocadas a la exclusión social. "El requisito era que existiese una voluntad de pago y alguna posibilidad de renegociar la deuda", han explicado.
En este sentido y "confiando en la buena voluntad" del Ivima, la PAH-Madrid trató de seguir las vías indicadas para evitar que dos familias se quedasen en la calle en los próximos meses. Finalmente, cuando la mañana de este viernes acudieron a la sede del Ivima situada en la calle Basílica y se toparon con una "negativa frontal", estas cinco personas decidieron encerrarse en la sede para solicitar una reunión con el gerente.
En paro y enfermos
Una de las afectadas y beneficiada por el acuerdo es Olvido, que vive en la zona de la Ventilla con su pareja y seis hijos a su cargo, mientras que otra se llama Casandra, que vive en Leganés Norte con dos hijos.
Las personas encerradas en Basílica habían sido incapaces de pagar su alquiler debido al paro, la enfermedad y las cargas familiares.