Los ayuntamientos tienen hasta el 15 de marzo para remitir al ministerio de Hacienda el listado de facturas pendientes de pago con los proveedores, una deuda que en el caso de Madrid asciende a 986 millones de euros. Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha explicado que en esa lista los ayuntamientos podrán incluir todas las facturas pendientes de pago hasta el 31 de diciembre de 2011.
Además, los consistorios tendrán que enviar un plan de ajuste que les permita hacer frente al pago de dichas deudas antes del 31 de marzo. La vicepresidenta ha explicado, al término de la reunión del Consejo de Ministros, que se trata de poner "orden" y de conocer la cuantía de la deuda por facturas pendientes y que las administraciones públicas se sometan a un plan de viabilidad para cumplir con estas obligaciones como paso previo para aprobar el mecanismo financiero que garantice a pymes y autónomos el cobro de dichas deudas.
Este plan pretende paliar la grave situación que atraviesan las arcas municipales, que
esperaban con optimismo el anuncio de este mecanismo de financiación. En el caso del consistorio madrileño -según reconoció este jueves la responsable del área de Hacienda, Concepción Dancausa-, estas deudas alcanzan un total de 986 millones de euros.
Durante el anuncio del plan, Sáenz de Santamaría adelantó una modificación "temporal y puntual" de la normativa para permitir el establecimiento de garantías del Estado para hacer frente al pago de las deudas con los proveedores. En este punto, recordó que la legislación actual no permite que la Administración Central pueda aportar garantías a operaciones de esta naturaleza.
Sin embargo, y una vez que se den estos pasos, la vicepresidenta dijo que se establecerá el mecanismo financiero que se pondrá en marcha para hacer frente a estos pagos, mecanismo que no concretó, como tampoco la cifra que baraja el Gobierno sobre a cuánto asciende la deuda comercial de las administraciones públicas.
Pensado "para las pymes" En cualquier caso, dijo que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos estudiará en un "plazo breve" y con "agilidad" dicho instrumento financiero, y que se hará de tal manera que no suponga "mucha complicación" para las pymes y autónomos con deudas pendientes de pago y con "el menor impacto económico" en las cuentas públicas.
"Es una medida que está pensada para la muy delicada situación de las pymes y autónomos que se ven en condiciones muy difíciles por la morosidad de las administraciones públicas", subrayó la vicepresidenta, tras afirmar que el Gobierno pretende clarificar esta situación "de una vez por todas".
En cuanto al instrumento financiero para facilitar el pago de las deudas con proveedores por parte de las comunidades autónomas, la vicepresidenta se limitó a indicar que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera se analizará con los gobiernos autonómicos.