El presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida), Juan Carlos Paúl, que se ocupa de los afectados de la empresa Uralita de Getafe, ha asegurado que estudiarán la reciente condenatoria en Italia contra los directivos de una empresa que utilizaba este material con el fin de emprender medidas similares en España.
La asociación ha calificado como muy positiva esta sentencia de un tribunal de Turín, que condena a
16 años de cárcel a los jefes de la multinacional Eternit, que usó amianto para sus materiales de construcción y donde han muerto más de 2.000 personas.
Juan Carlos Paúl ha señalado que las expectativas de los afectados del resto de Europa estaban puestas en este juicio y ha añadido que, "por fin, la justicia se ha puesto
del lado de los trabajadores".
Según Paúl, lo ocurrido a los empleados de la planta italiana de Casale Monferrato, "una localidad un poco mas pequeña que Getafe y que también contaba con una factoría a las afueras del municipio, tiene paralelismos con los sucesos de varias poblaciones españolas".
Reunión nacional
El presidente de Avida Madrid ha anunciado que a principios del próximo mes de marzo los colectivos de víctimas del amianto de toda España se reunirán para estudiar esta sentencia y ver si aquí se consigue "hacer algo similar".
Asimismo, se plantearán la petición de responsabilidad civil subsidaria al Estado "por no legislar a tiempo lo que en otros lugares de Europa y del mundo se estaba legislando", ha apuntado Paúl.
La Asociación de Víctimas del Amianto
fue a los tribunales el pasado 23 de enero contra la empresa Uralita en el Juzgado de lo Social número 15 de Madrid, a través de una demanda en la que estaban representados 40 trabajadores, de los que 17 ya han fallecido en los últimos tres años, pertenecientes a la fábrica situada en Getafe en la que estuvieron expuestos al polvo del amianto.
La asociación considera que durante más de 30 años Uralita creó su imperio fabricando para su venta diversos elementos de construcción que contenían amianto.
Ahora, los trabajadores y sus familias reclaman que se reconozca que la empresa, que cerró su planta de Getafe en 2001,
conocía los efectos devastadores que provoca el amianto sobre la salud y que no dispuso de las medidas suficientes de prevención.
La suma de las indemnizaciones solicitadas asciende a
9 millones de euros, siendo la indemnización máxima de 320.409 euros. El presidente de la Asociación de Victimas del Amianto ha subrayado que han ganado hasta ahora dos juicios por la vía civil cuyas sentencias están recurridas.
Por su parte, la empresa Uralita siempre ha insistido en que cumplió la legislación vigente.