El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados varias medidas y reformas que tratará de llevar a cabo. Entre estas, se encuentra la posible reforma de la Ley del Menor, 5/2000, que se ha convertido en diversas ocasiones en objeto de polémicas y controversia.
Tras el anuncio de Gallardón en cuanto a la reforma de la Ley del Menor, se han producido ya las primeras reacciones. La Comunidad de Madrid se ha
ofrecido como "banco de pruebas" para los cambios que prevé acometer la reforma.
La consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid,
Regina Plañiol, ha respaldado la reforma anunciada para que, en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, aunque a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos. Plañiol ha dicho que está "absolutamente de acuerdo" con esta iniciativa, que el PP "había solicitado en numerosas ocasiones", ya que "es un debate abierto en la sociedad, y los ciudadanos piden que reflexionemos sobre la Ley del Menor, sobre la edad de los menores, la gravedad de los delitos que cometen y también sobre las sanciones que conllevan".
Por su parte, la
delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes ha explicado que coincide "al cien por cien" con todo lo anunciado por el ministro de Justicia, incluida la reforma de la Ley del Menor, aunque ha matizado que habrá que esperar a ver cómo se concreta en un borrador y cómo la recibe la oposición. También, el
defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha valorado de forma positiva esta propuesta y ha señalado que "es necesaria dicha reforma, si bien falta saber el contenido total".
Por su parte, el
portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria (FdV) y juez decano de Madrid, José Luis González de Armengol, considera que se debería modificar la edad de responsabilidad de los menores, fijada en 14 años, y reducirla a los 13 años de edad ya que existe un fragmento de la edad en la que "está perfectamente garantizado el tema de la impunidad".
La 'actual' Ley del Menor
La vigente
Ley de Responsabilidad Penal del Menor, lleva 10 años vigente, durante los cuáles ha sido objeto de cuatro modificaciones en las que se ha 'endurecido' la normativa. El último y más polémico cambio se llevó a cabo en el año 2006 tras el caso del asesinato de Sandra Palo, supuestamente a manos de 'El Rafita', que tuvo gran repercusión en los medios de comunicación y la sociedad.
Reinserción, rehabilitación, reeducación son algunas de las palabras 'clave' que contempla esta Ley del Menor, que regula sus derechos fundamentales y se centra en convertir sus medidas en algo más que un escarmiento por los delitos cometidos. La idea es recuperar a estos jóvenes para que regresen a la sociedad dotados de nuevas habilidades, conocimientos y valores.
En febrero de 2010, el Partido Popular, mediante el entoces consejero de Justicia, Francisco
Granados, propuso la reforma de esta ley para acabar con lo que consideraba una "laguna" en la normativa en los casos de menores que cometen delitos de carácter grave o muy grave. Granados señaló que era necesario establecer la norma general para que cuando los menores cumplieran la mayoría de edad ingresaran en prisión, salvo las excepciones decididas por los jueces.
Al hilo de esta petición de reforma, la Asamblea regional concertó una reunión con expertos en la materia para considerar la reforma de esta ley. Por su parte, los
expertos aseguraron que la ley 5/2000 "estaba obsoleta y era insuficiente", por tanto sería necesaria una reforma.
El entonces ministro de Justicia, Alfredo
Caamaño, descartó la posible reforma de la Ley del Menor, ya que consideraba que no era necesario cambiar el marco legislativo por "uno o dos casos como el de 'El Rafita'.