La sociedad que surja de la privatización del 49 por ciento del Canal de Isabel II podrá adquirir y disolver empresas o comprar acciones sin consentimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad, al que solo tendrá que informar a posteriori.
El proyecto de Ley de Medidas Fiscales que se aprobará a finales de mes y que el PP regional suele usar cada año para incluir en él iniciativas de lo más diversas, incluye en esta ocasión una
ampliación de poderes del futuro Canal de Isabel II, que se convertirá en una sociedad anónima.
La nueva empresa podrá "crear o disolver sociedades de capital con limitación de responsabilidad o realizar actos que impliquen la adquisición o pérdida de su participación mayoritaria, directa o indirecta, en el capital de estas sociedades", es decir que, como hasta ahora, podrá comprar y vender empresas y acciones. La diferencia sustancial es que lo podrá hacer
"sin necesidad de autorización del Consejo de Gobierno", al que solo tendrá que informar a posteriori, con lo que el Gobierno regional perderá el control sobre la actividad del Canal. La presencia de la Comunidad y de los ayuntamientos, no obstante, está garantizada en el consejo de administración, donde tendrían en conjunto
el 51 por ciento de las acciones.
Durante la Comisión de Presupuestos celebrada en el Asamblea de Madrid el pasado 25 de noviembre, el vicepresidente del Gobierno regional y presidente del Canal,
Ignacio González, aseguró que con esta decisión se pretende dar "flexibilidad para la adopción de esos acuerdos en el seno del consejo de administración de la sociedad". Fuentes del Canal insisten en que se trata de que la futura empresa que surja de la capitalización tenga
"flexibilidad empresarial".
El PSM criticó durante la comisión este punto de la Ley de Medidas Urgentes, pues considera que con esta modificación el Canal
"gana en falta de transparencia y oscurantismo", en palabras del diputado
Antonio Carmona.
"Cajón de sastre"
Además, aunque el texto especifica que se podrán tomar estas medidas cuando "sea necesario para el desarrollo de sus actividades", para el PSM esta frase "puede convertirse en
un cajón de sastre porque siempre se podrá usar desde el punto de visto financiero", es decir, que cualquier compra de acciones puede justificarse alegando que dará rentabilidad a la empresa, por ejemplo.
El vocal de UGT en el consejo de administración del Canal,
Andrés Múñoz, añade que hasta ahora el Canal nunca ha invertido más allá de su actividad como gestor del agua, pero con "esta coletilla cabe todo". "Se rumorea que quiere comprar acciones de
Bankia", continúa. Una idea que también apunta Carmona.
CCOO añade que la nueva sociedad podrá crear empresas para gestionar partes de la labor del Canal y después perder la mayoría en el consejo de administración de las mismas, lo que "pondría en peligro la gestión pública del agua", en palabras del secretario general de Desarrollo Sostenible del sindicato en Madrid,
Manuel Fernández. Ambos sindicatos, el PSM de IU siempre se han mostrado en contra de la privatización del Canal y este martes varios municipios presentaron
una iniciativa legislativa municipal para impedir que se dé este paso.