Las reacciones al anuncio de Esperanza Aguirre sobre que cada provincia subvencionará el abono transportes de sus ciudadanos no se han hecho esperar. PSOE, IU y UPyD han criticado la medida y la Junta de Castilla y León ya ha anunciado que no asumirá el coste que pide Madrid.
Los grupos de PSOE, IU y UPyD en la Asamblea regional han rechazado la retirada de la subvención del abono de transportes a aquellos usuarios que no residan en la Comunidad de Madrid, tal y como contempla el Ejecutivo regional en la Ley de Acompañamiento. Y es que la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, considera que deben ser las comunidades autónomas de origen de estos usuarios las que asuman la diferencia entre el coste real y el subvencionado de este título.
Según ha afirmado el portavoz socialista de transportes en la Asamblea,
José Manuel Franco, la "disculpa" de la crisis no "es suficiente" para retirar esta subvención, pero sí viene a demostrar que el Gobierno regional no tiene "una clara voluntad" de "fomentar" el transporte público en la Comunidad. Así, el diputado ha tachado esta medida como una "noticia desagradable" que
fomentará el transporte privado aumentando los problemas de contaminación.
Para la portavoz de UPyD de transportes,
Loreto Ruiz de Alda, el objetivo del Gobierno regional debería ser "quitar y eliminar" las barreras, ya que las personas de otras comunidades que se trasladan con este título de transportes "producen y consumen" en Madrid, por lo que no tiene sentido "dificultarles el acceso". Tampoco ha estado de acuerdo ni ha considerado razonable la medida el grupo de Izquierda Unida, cuya portavoz de transportes,
Marisa Moreno, se ha unido a sus compañeros en el rechazo a esta retirada y ha considerado que el precio "debería ser el mismo viaje quien viaje".
El consejero de Transportes e Infraestructuras,
Antonio Beteta, ha comparecido por su parte en la comisión de Presupuestos de Economía y Hacienda, aunque ha omitido responder a las críticas por esta cuestión vertidas por la oposición. El martes explicó que el objetivo de la Comunidad es que si las comunidades "quieren beneficiar a sus ciudadanos con esos descuentos", deben firmar y pagar íntegramente "los correspondientes convenios" que hasta ahora recogían una financiación conjunta.
Mientras, la Junta de
Castilla y León -con 1.000 usuarios- ha anunciado que no asumirá el coste del abono que pide el Gobierno madrileño. Así lo ha confirmado el consejero de Fomento y Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico, Antonio Silván, quien considera que en las circunstancias económicas actuales no es posible asumir esa demanda vinculada a este servicio de transporte.
En
Castilla-La Mancha en cambio, María Dolores de Cospedal ha anunciado que ya ha establecido negociaciones para lograr un nuevo acuerdo y que se conceda en un marco "estable". El viceconsejero de Fomento y responsable del área de transportes en Castilla-La Mancha, Luis Ques Mena, ha dicho por su parte que la medida impulsada por Aguirre se explica porque han estado "casi cuatro años" sin un convenio que confiera el marco jurídico para la subvención del transporte público a los castellano-manchegos. "Es importante tener en cuenta que la prestación de este servicio de transporte entre Madrid y Castilla-La Mancha, no solo beneficia a los castellano-manchegos, sino también a los madrileños" y que, habiendo llegado recientemente a un acuerdo, ambas administraciones han demostrado su "voluntad de entendimiento".