El turno de oficio está en estado crítico. El Colegio de Abogados de Madrid ha denunciado este martes la mala salud de un servicio que cada año atiende a cerca de 300.000 madrileños y que está al borde de la quiebra debido a los 29 millones que les debe la Comunidad. Para el decano de los abogados, Antonio Hernández-Gil, detrás de esta situación se esconde la progresiva pérdida de peso de la Justicia en la sociedad. "La Justicia no está en el horizonte de los intereses de los políticos", ha lamentado.
El turno de oficio resuelve los problemas, cada año, de cerca de 300.000 madrileños. En concreto, según los datos facilitados por el Colegio de Abogados de Madrid, durante 2010 se hicieron 134.000 designaciones en el turno de oficio -en el que trabajan 4.700 abogados-, hubo 107.000 asistencias letradas a detenidos y 172.000 consultas en los Servicios de Orientación Jurídica.
Los abogados madrileños han querido poner sobre la mesa estos datos para recordar la importancia de un servicio, el de la justicia gratuita, que vive una pésima situación económica, y para reivindicar el peso de una administración, la de Justicia, que ha sufrido serios ataques en los últimos tiempos. "Que este servicio público se traslade a la sociedad y se perciba como un problema es algo incomprensible para nosotros", ha denunciado el decano del Colegio de Abogados.
Y es que el servicio de asistencia jurídica, garantizado por la Constitución,
corre el riesgo de desaparecer en la Comunidad de Madrid. "Nunca dejaremos a alguien que pase un día en un calabozo porque no tiene abogado, pero el sistema acabará quebrando si esto sigue así", ha advertido Hernández-Gil. "La justicia gratuita no es un problema, es un derecho", ha insistido el vicedecano de la institución, Luis Rodríguez Ramos.
Ese riesgo de quiebra, muy real, viene por los retrasos de la Comunidad a la hora de abonar los servicios del turno de oficio. A día de hoy, la consejería de Presidencia y Justicia, responsable de este servicio, no ha abonado ninguna de las asistencias realizadas durante el año 2010 y la deuda con los Colegios de Abogados de Madrid y de Alcalá de Henares supera los 29 millones de euros (25 con el colegio madrileño y el resto en el complutense).
El futuro, sin embargo, no pinta mucho mejor. Según los cálculos de la institución colegial, en el último trimestre del año se facturarán otros 8 o 9 millones de euros, lo que situará la deuda en torno a los 40 millones a finales de año. Ese dinero, en la actualidad, está llegando a los abogados que prestan los servicios del turno de oficio gracias a un sistema de préstamos puesto en marcha por el propio Colegio de Abogados, que es el que acaba soportando esa deuda. "Pero si la administración no paga, el Colegio tendrá que hacer frente a una deuda de millones de euros", ha advertido Hernández-Gil antes de calificar como "una inmoralidad" los retrasos en el pago por parte de las administraciones públicas. Los letrados, de hecho, no descartan adoptar medidas judiciales contra la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
Esta nueva protesta de los letrados ha llegado hasta la titular de la cartera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, quien este mismo martes ha pedido "tranquilidad" a los abogados porque el dinero llegará, ha dicho, "en breves fechas". Eso sí, durante su intervención, Plañiol ha aprovechado para quitar legitimidad a estas críticas vinculándolas con las elecciones del próximo domingo 20 de noviembre. "Esta protesta es innecesaria -ha dicho la consejera-, pero estamos ante una cita electoral y se ve influida por ello".
Antes, en la sede colegial, Hernández-Gil ya se había referido a estos ataques velados contra la Justicia. En concreto, el máximo representante de los abogados madrileños ha recordado los anuncios sobre una posible devolución al Estado de las competencias de Justicia y las
declaraciones realizadas por la consejera el pasado mes de septiembre en las que aseguraba que la Comunidad estaba esperando a tener "la información transparente" sobre los gastos del turno de oficio "antes de volver a pagar este servicio con normalidad". "Ellos nunca han pagado al día -ha señalado Hernández-Gil-, y las cuentas siempre se han presentado de forma clara y transparente".
Algunos han querido ver, bajo este deterioro en el turno de oficio y estas descalificaciones a la Justicia, la sombra de la privatización. "Eso sería hacer un juicio de intenciones que yo no quiero hacer -ha subrayado Hernández-Gil-. A mí nunca se me ha dicho eso desde la Comunidad, aunque comprendo que alguien lo pueda pensar".
El objetivo del Colegio, simplemente, es hacer comprender a la sociedad la importancia de la justicia gratuita, un servicio que, a su juicio, debe estar al mismo nivel "que la educación o la sanidad" y que, lejos de ello, pasa por uno de sus peores momentos. "No sé cuándo quebrará -ha concluido Hernández-Gil-, pero no se puede aguantar mucho tiempo".