La apertura de expedientes a directores de instituto, el cambio de centro de docentes denunciado por CCOO o la campaña contra las camisetas verdes ha provocado que muchos miembros de la comunidad educativa quieran permanecer en el anonimato cuando hablan con la prensa por temor a represalias.
Este martes CCOO ha presentado una denuncia en los juzgados de lo penal de Plaza de Castilla por abuso de autoridad y prevaricación contra dos directores de área territorial de educación,
José Macías y
Enrique Ramos. El sindicato los considera responsables del traslado de dos profesoras que denunciaron en los medios de comunicación que impartían
materias no afines a sus especialidades. En el caso de una de ellas, desde el sindicato relatan que tras contar en un periódico que siendo profesora de Educación Física impartía además cuatro horas de Biología y teniendo la plaza definitiva se la trasladó de instituto, cuando según la normativa si un docente tiene ocupados dos tercios de las horas con sus asignaturas afines no se le puede cambiar el destino.
"Parece ser que ahora un funcionario no puede hablar con un periodista", indica
Francisco García, secretario general de la Federación Regional de Enseñanza de CCOO, quien insiste en que el traslado se ha hecho de forma irregular. Preguntada por esta cuestión, la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, aseguró este miércoles que "el domingo los ciudadanos tienen la oportunidad de
votar dos modelos", el del PP y del PSOE, "que considera que lo que hay que hacer es bajar el listón y preocuparse de los sindicatos, de los liberados y de los chollos", como recoge EP.
Expedientes a directores
La Comunidad también ha abierto expedientes a al menos siete directores de instituto y un docente por involucrarse en las
movilizaciones que empezaron con la aprobación de las instrucciones de inicio de curso. Según explican desde CCOO, los casos que están llevando sus servicios jurídicos están relacionados con la colocación en las vallas de un centro de un texto en el que se explicaban los motivos por los que se llamaba a la huelga, mandar un
mail con contenido similar o por la presencia de
váteres en el patio de un instituto como protesta.
Según la abogada de CCOO que está al cargo de estos expedientes, estos se han abierto por
abuso de autoridad, por lo que la infracción estaría mal tipificada, pues esta se refiere "al uso de la ley en beneficio propio", algo que no habría ocurrido. Los expedientes podrían acabar en
suspensiones de tres años de empleo y sueldo. Por el momento, ya se ha desestimado uno, el de una profesora que fue a clase con la camiseta verde en defensa de la educación pública, convertida en un
símbolo de las protestas.
Sobre los expedientes, la Consejería de Educación asegura que será "la inspección educativa la que está investigando si estos directores actuaron contrariamente a lo que marca la legislación" y la que "determine si han cometido faltas". Desde el departamento dirigido por
Lucía Figar, explican que los expedientes se abrieron por "por arrancar los inodoros de un centro y colocarlos en el patio, por utilización y remisión a través de medios públicos de comunicados con
contenido político o por celebrar claustros en horario lectivo impidiendo durante 2 días las clases de los alumnos".
Anonimato
En cualquier caso, el temor a las represalias ha cambiado desde hace algún tiempo la actitud de profesores y directores de instituto hacia la prensa. Si al principio de las movilizaciones no había ningún problema en localizar a docentes que sirvieran de ejemplo para las consecuencias que está teniendo en los centros madrileños la ampliación del horario lectivo en los institutos, desde hace algún tiempo es mucho más difícil encontrar a
profesores que quieran dar nombres y apellidos. Lo mismo sucede al ser consultados en las manifestaciones en defensa de la educación pública. También hay plataformas educativas, como
Soy Pública, cuyos miembros quieren
mantenerse en el anonimato. En definitiva, muchos profesores tienen miedo de hablar con los medios de comunicación para dar a conocer cómo está funcionando el sistema educativo público madrileño.
También la FAPA Giner de los Ríos ha visto cómo la Comunidad
amenazaba con quitarle las subvenciones que ha recibido otros años para desarrollar su labor por la venta de las camisetas verdes en defensa de la educación pública y pidió a la Agencia Tributaria
un expediente sancionador para esta y otras organizaciones que venden las camisetas. Ante la acusación del Gobierno regional de que "estaban haciendo el agosto" ellos explicaron que
todo está en regla. En cualquier caso, ahora esperan sin mucha esperanza saber si recibirán alguna ayuda de la última convocatoria a la que se presentaron. "Vivimos en una Comunidad en la que los derechos fundamentales están más que cuestionados y estamos sufriendo presiones difícilmente enmarcables dentro de la legalidad. Esto demuestra que hay muy poca altura política", indicó su presidente,
José Luis Pazos, a este digital.
También ha habido críticas por la negativa de la Consejería a autorizar un concierto, en el que participan
Pedro Guerra o
Patxi Andión, en el IES Barajas. La Comunidad asegura que "la convocatoria de ese concierto no había incluido los permisos y documentación necesaria que garantice que se toman las correctas y legales
medidas de seguridad, vigilancia, sanitarias y de aforo que un evento así requiere". Finalmente, la actuación se celebrará este miércoles en el auditorio Marcelino Camacho de CCOO a las 19.00 horas.
"No puede ser que Aguirre haya perdido el hilo del conflicto y dispare a todo lo que se mueve", resumía el responsable de la Federación de Educación de CCOO Madrid. Ante la ausencia de diálogo entre sindicatos y Comunidad por las instrucciones del inicio de curso,
las huelgas y las manifestaciones continúan, así como el recurso a herramientas administrativas de sanción y a los tribunales, donde además los profesores están
denunciando individualmente los horarios que les han sido asignados, y a las herramientas administrativas, como las . Este jueves y el 23 de noviembre hay convocadas dos jornadas de huelga más.