MDO/E.P. | Viernes 28 de octubre de 2011
El Tribunal Supremo sentará el próximo 29 de noviembre en el banquillo al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por autorizar la intervención de las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la 'trama Gürtel' con sus abogados en prisión, según informaron fuentes del alto tribunal.
La Sala de lo Penal ha dado a conocer el auto en el que se señala la fecha del juicio oral en la causa en la que se le investiga por presuntos delitos de prevaricación y de vulneración de las garantías constitucionales. El auto, firmado por el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano y José Manuel Maza, detalla las pruebas que acuerda practicar durante la vista oral y subraya que "única y exclusivamente" se aceptarán aquellas que guarden relación con los delitos que son objeto de acusación y no las "ligadas a otros hechos que se siguen en procedimientos distinto a éste".
La solicitud de llamar a testificar a las fiscales Anticorrupción Concepción Sabadell y Myriam Segura y los magistrados Antonio Pedreira y José Flors, del abogado Ignacio Peláez , autor de la querella inicial contra Garzón y que pide 10 años de inhabilitación para el juez, ha sido ahora rechazada en este auto al no ser "procedente" proponer como testigos a las autoridades judiciales cuya intervención en las causas judiciales es "legalmente exigida".
La Sala rechaza igualmente citar a declarar, en calidad de testigo, al comisario jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales dependiente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Alfredo Cabezas Barrientas, porque no tuvo una participación "material y directa" en la intervención de las escuchas en el centro penitenciario. Sin embargo, acepta llamar a declarar a dos agentes de la Policía Nacional solicitados por Pelaez.
El Supremo ha admitido el interrogatorio de Garzón y la prueba documental solicitada en noviembre por el presunto cerebro de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, que ejerce también la acusación particular y pide que el juez sea inhabilitado durante 17 años. En relación con los medios de prueba propuestos por la acusación ejercida por el imputado del caso 'Gürtel', Pablo Crespo, se rechaza pedir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una copia de la pieza separada referida a las comunicaciones intervenidas desde el 19 de febrero de 2009 ya que obran en una pieza separada. Tampoco ve necesario el volcado que realizaba la UDEF para resolver este proceso.
La Sala que juzgará a Garzón estará integrada por los magistrados que admitieron la causa y participaron en la fase de instrucción el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Soriano, José Manuel Maza y Perfecto Andrés. A los cinco magistrados, que firman el auto y que participarán en el juicio abierto contra Garzón, se unen Joaquín Giménez y Manuel Marchena, magistrados que por turno corresponden para formar la Sala.
El juicio por las escuchas de la trama Gürtel será anterior a los que están pendientes de celebrararse por investigar presuntamente sin competencia los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y por los cobros que supuestamente percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.
Denegadas las pruebas solicitadas
Fue el pasado 11 de abril cuando el Supremo dictó la apertura del juicio oral contra Garzón por autorizar la escucha de las intervenciones telefónicas de los imputados de la trama que se encontraban en prisión con sus abogados defensores.
El magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro, consideró entonces que el magistrado tenía la finalidad de "obtener información de relevancia para el proceso, que no tenía seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos", y por ello "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" que mantenían los internos con sus abogados en los locutorios de prisión.
El auto especificaba así que Garzón, actualmente suspendido cautelarmente de sus funciones, podía haber incurrido en la comisión de un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. No obstante, "ambos delitos concurren" por lo que prevalecería como tipo penal aplicable el de prevaricación, según sostuvo.
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