Pese a lo que ordenan los tribunales, el Gobierno de Esperanza Aguirre no devolverá a su estado original la autovía M-501. Al contrario, alegará los posibles "destrozos" y "daños al medio ambiente" que provocarían los trabajos para que el tramo entre Quijorna y Navas del Rey permanezca como está, es decir, con dos carriles por sentido.
El consejero de Transportes, Antonio Beteta, adelantó este miércoles la respuesta que el Ejecutivo enviará al Tribunal Supremo en las próximas horas. A dos días de cumplirse el plazo de alegaciones establecido por el alto tribunal, Beteta reveló que los servicios jurídicos regionales pondrán sobre la mesa "los
destrozos y
daños al medio ambiente que puede suponer el cambio de la carretera y retrotraerla al estado anterior" para justificar que la vía no sea alterada. Ejecutar la sentencia provocaría tales perjuicios "para la fauna, la economía y el medio ambiente" que la Comunidad califica la medida como "de
imposible cumplimiento", zanjó Beteta.
De hecho, y como adelantó
Madridiario, la Consejería de Transportes nunca ha pensado en reconvertir la autovía en carretera secundaria, como era en origen, sino que ya tiene adelantados los trámites para
duplicar el último tramo entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias. Llevar la polémica autovía hasta el límite con la provincia de Ávila es la promesa que Esperanza Aguirre viene incluyendo en su programa electoral desde 2007.
Un 'pantano' judicial
La negativa a devolver la 'carretera de los pantanos' a su estado original supondría que la Comunidad de Madrid incumpliría de nuevo dos sentencias firmes, una del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otra del
Tribunal Supremo.
En febrero de 2008, la Comunidad ya se libró de una
sanción de la Comisión Europea por las obras de la M-501. Estas habían comenzado un año antes sin consultar al organismo internacional (la vía atraviesa una
zona protegida de aves y forma parte de la Red Natura 2000) y un año antes sin haber presentado la preceptiva declaración de impacto ambiental. En realidad, la declaración de impacto era negativa, pero el Ejecutivo se avino a motivos de urgencia y seguridad (la vía tenía altos índices de siniestralidad) para justificarse. Para evitar el apercibimiento, el entonces consejero Manuel Lamela aseguró que la declaración de impacto se haría y que se incluirían en la obra todas las
medidas de compensación medioambiental que la Comisión Europea dictaminase. Ese mismo mes, con apenas días de diferencia, el Tribunal Superior de Justicia, que antes había denegado a los grupos ecologistas la
suspensión cautelar de las obras,
declaró nulos los acuerdos del Ejecutivo por los que se permitía la duplicación.
La Comunidad llegó a presentar la declaración de impacto, pero solo cuando la autovía ya estaba terminada. Mientras, el Ejecutivo recurrió la sentencia del TSJM, que pasó al Supremo. En febrero del presente 2011, el Alto Tribunal dio por cerrado el caso ordenando, en sentencia firme, que la Comunidad
restituyese la M-501 al estado anterior a las obras. La sentencia estableció que las circunstancias de "especial interés público" que alegó el Ejecutivo en su día no existían. El plazo para cumplir la sentencia de forma voluntaria se cumplió el pasado 12 de junio, por lo que el TSJM volvió a pronunciarse y
ordenó la ejecución forzosa de la misma. La Comunidad asegura ahora, que, como
ya había avisado, es "imposible" cumplir ese precepto.