Una veintena de miembros del 15-M convive con 13 familias de la colonia Puerta de Hierro para intentar evitar que les desalojen de sus casas. El Ayuntamiento ha derribado varias viviendas en los últimos meses al considerarlas ilegales.
Desde la parada del autobús 133, frente a la facultad de Veterinaria de la Complutense, hay lemas de apoyo a la colonia de Puerta de Hierro. Son los vecinos de la estación municipal regeneradora de aguas residuales Viveros de la Villa. Están en lucha, reza uno de los carteles. Al llegar a las inmediaciones de este ámbito, entre arbustos, comienza a entenderse el porqué del conflicto. Un murete de cascotes revela los restos de
las casas que el Ayuntamiento de Madrid ha derribado en los últimos meses para proceder al realojo de estos madrileños.
Varias
tiendas de campaña jalonan la entrada al complejo. Allí viven desde hace mes y medio 20 personas, autodenominados
integrantes del movimiento 15-M, que colaboran con el vecindario para frenar a
las excavadoras. A las once de la mañana, los indignados están amaneciendo. Paco, su portavoz este martes, cuela café recién hecho en la cantina que han construido bajo una jaima. Unas galletas acompañan el desayuno.
Mientras, sus vecinos más antiguos llevan en marcha varias horas.
Actualmente, quedan 13 casas en pie. Todas atestadas de personas que han tenido que mudarse con sus familiares ante el avance de los derribos. Varias mujeres limpian con las mangueras los caminos que han ido abriendo las últimas semanas entre los escombros gitanos e indignados. "Les han dejado los cascotes para tener una excusa por la que echarles. Antes no había ratas, ni bichos", comenta Miguel, uno de los concentrados, que vino de Valladolid con la marcha nacional del 15-M. "Nos han dejado el barrio como Bosnia o Kosovo", añade uno de los vecinos. Han aislado las planchas de uralita (altamente cancerígena si se rompen) que había en los tejados para evitar el riesgo de las personas en lo posible. También han habilitado una zona infantil y un botiquín, y dos trabajadores sociales atienden a los chavales.
La lenta cuenta atrás
"Llevamos viviendo aquí desde 1961. Hay cuatro generaciones de familias (unas 300 personas en total) que han nacido, se han bautizado, se han criado y han creado sus familias en la colonia", asegura Antonio, propietario de una de las casas que ha sobrevivido a la excavadora hasta ahora. Acoge a 18 parientes que se han quedado sin casa y que, según el Consistorio, no tienen derecho a ella. Los gitanos afirman que el Ayuntamiento llega por la noche y les tira la casa, sin darles siquiera tiempo a sacar sus pertenencias. "Llegan con una orden judicial para tirar una casa y tiran cuatro. Luego, el abogado de la EMVS escribe a mano la carta de derribo", comenta uno de los parientes de Antonio. Confiesan que
el Gobierno municipal les ha dado hasta el 15 de septiembre para que desalojen sus casas.
La medida del Ayuntamiento ha surtido efecto con algunas familias.
Se han trasladado a pisos de protección oficial de varias habitaciones. Pero es la minoría. El resto, ante la tesitura municipal, espera a mediados de mes como una lenta cuenta atrás. Una de las mujeres de la familia Echeverría explica: "Prefiero quedarme yo en la calle a que lo hagan mis hijos. Me han dado un piso de tres habitaciones con el que no tenemos ni para empezar. Nos lo alquilan por un año. Aquí, mi casa tiene seis habitaciones y he podido acoger a mis hijos. No sé como no se les cae la cara de vergüenza de dejar a familias con bebés en la calle. No podemos irnos porque, en cuanto salgamos por la puerta, no nos darán nada", sentencia.
El 'plan de defensa'
Mientras, los indignados han preparado un 'plan de defensa' ante la inminente llegada de los servicios municipales.
Tienen preparada una barricada y quieren poner en marcha un plan con los vecinos para evitar que les impidan oponer resistencia a los derribos.
Dicen los vecinos que, desde la Junta de Moncloa Aravaca, se han comprometido a mediar para que incluyan a los afectados en los planes de realojo previstos para los poblados chabolistas de la ciudad, en los que se da derecho a realojo a todo aquel titular de una vivienda que haya vivido en un inmueble cuatro años. El Ejecutivo que dirige Álvaro Ballarín es el responsable de canalizar los recursos de ayuda social que recibe la colonia. Consideran que este colectivo siempre se ha comportado de manera pacífica, tienen una alta tasa de escolarización y buena convivencia con los barrios de alrededor. Por eso, fuentes de la Junta explican que
van a hacer un esfuerzo para tratar de darles el trato más favorable posible desde a la legalidad.
El drama de la chatarra
Este miércoles, los afectados tienen una reunión en la Junta de Moncloa para buscar una solución. Los vecinos argumentan que les están echando de allí con la excusa de que sus casas están sobre zona verde, a pesar de que, aseguran, en el catastro dice que sus viviendas son espacios residenciales. Los indignados entienden que se trata de una estrategia especulativa y que
la administración debe darles las viviendas de realojo gratis y en propiedad. El Área de Urbanismo, por ahora, guarda silencio.
La mayor parte de las 150 personas que quedan
en la colonia se dedican a la chatarra, el reciclaje, la compraventa de coches y la venta de frutas. La modificación legislativa que obliga a los chatarreros a hacerse autónomos ha sido la puntilla para lo que hasta ahora era su medio de vida. Justo se dedica al reciclaje y quiere ser el pastor evangelista del vecindario. Como otros muchos, ha estado durmiendo en su furgoneta hasta que le han cedido el caserío que hace de iglesia, cerrado al culto, para poder tener un techo bajo el que dormir. Asegura que la medida del Gobierno ha privado a muchas de las familias de la posibilidad de acceder a subvenciones de urgencia para becas escolares y otras ayudas, a las que no tienen derecho los autónomos.